Durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la delegación de Panamá presentó su informe sobre el estado de la libertad de prensa en el país en el que recalcó –entre otros temas– que varias solicitudes de información sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia de la Covid-19 no se han obtenido respuestas por parte de las autoridades.
El expediente de los panameños fue presentado este martes 20 de abril en el panel número tres de la Comisión de Libertad de Prensa que denuncia el acoso judicial y legal en Perú, Argentina, Colombia y Panamá.
Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella Panamá, fue el encargado de presentar el informe, lo que se hizo de forma virtual.
En el balance, que se puede leer en la página web de la SIP, se recalcó que varias solicitudes de información sobre el uso de fondos públicos durante el periodo de pandemia están pendientes de respuestas.
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Por ello, se reiteró la necesidad de reforzar la formación en materia de la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
También se enfatizó que en el país aún está vigente el estado de emergencia nacional decretado por el Consejo de Gabinete desde el 13 de marzo de 2020, por razón de la pandemia de Covid-19. Ese estado de emergencia autorizó restricciones de movilidad que se han variado y flexibilizado recientemente, aunque se mantiene un toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.
Otro punto que se detalló en el informe panameño ante el organismo regional es que en este período se siguieron usando demandas judiciales contra medios y periodistas como instrumento de intimidación y se incrementó la violencia por parte de agentes de la Policía Nacional contra los periodistas durante las protestas públicas.
Por otro lado, en febrero el Tribunal Electoral presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reformas electorales que modifican el Código Electoral y que tiene la intención de fijar “normas que tipifican como faltas electorales la difusión de noticias falsas y la desinformación que pueda ser perjudicial para el proceso electoral o los servicios que brinda” la entidad. Además, propone “multar la difusión de propaganda electoral en publicaciones de contenido editorial, cuando se promueva a un aspirante, precandidato, candidato o partido”. No obstante, este proyecto de ley se encuentra pendiente de trámite en la Asamblea Nacional.
Caso ‘La Prensa’
El documento también recordó que sigue en trámite las denuncias y querellas presentadas por el expresidente Ricardo Martinelli, por la posible comisión de delitos contra el honor contra Corporación La Prensa (Corprensa), lo que afecta a 38 periodistas, directores o directivos querellados con reclamaciones hasta por un monto de 46.1 millones de dólares.
También está pendiente el proceso ante el Juzgado Decimoquinto Civil de Circuito de Panamá, a cargo de la jueza Lina Castro de León, en el que se ordenó un secuestro de cuentas bancarias y activos de Corprensa por 1.1 millones de dólares.
Ese proceso es dentro de la demanda presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor y que data de 2012.
