Los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial han venido aumentando en el país durante los últimos cinco años, según estadísticas del Ministerio Público.
De acuerdo con los informes de esa entidad, en 2017 se cometieron 314 delitos contra el ambiente y en 2021 fueron 471, es decir, no menos de uno por día, en promedio. Lo anterior representa un incremento de un 50% entre 2017 y 2021, y sin contar todos los delitos que no se detectan o no son reportados.
Si se observa lo que ha ocurrido entre enero y julio de 2022, se han contabilizado 233 delitos ecológicos, de los cuales 105 son contra los recursos naturales. También se han registrado 102 contra los animales domésticos, otros 21 contra la vida silvestre y cinco por incumplimiento urbanístico territorial.
Este año, las provincias donde más delitos de esta índole se han cometido son Panamá, con 87; Chiriquí, con 44, y Darién, con 38.
Durante los últimos meses se vienen reportando hechos como deforestación ilegal en áreas protegidas. Tal es el caso de los parques nacionales Soberanía y Chagres, donde las autoridades han efectuado varias detenciones en 2022. Esta semana también se retuvo una embarcación que hacía actividades de pesca en el Parque Nacional Coiba, lo cual está prohibido.
En ese contexto, esta semana arrancó en el país un taller sobre delito de tráfico de vida silvestre, coordinado por los ministerios de Seguridad y de Ambiente y la Interpol. En este encuentro participan 16 especialistas y delegados de Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Panamá.
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, reconoció que al asumir la presente administración no sabía que el crimen estaba tan organizado. “Hemos visto redes de países de Centroamérica con el tráfico de especies, maderas, metales... y no existía inteligencia ambiental”, acotó.
