En Panamá, se está reportando, en promedio, al menos un delito ambiental por día. No obstante, cada año que pasa, crece el interés del crimen organizado en los recursos naturales del país.
Los casos van desde deforestación ilegal en un área protegida para traficar a otros países valiosas especies de madera como el cocobolo, hasta la caza y el incumplimiento de los estudios de impacto ambiental.
Entre enero y diciembre de 2022, el Ministerio Público atendió 400 casos relacionados con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, lo que supone un promedio de por lo menos uno por día.
De ese total, 180 se cometieron contra animales domésticos, 157 contra los recursos naturales, 55 contra la vida silvestre y 8 contra el ordenamiento territorial.
El año pasado, las provincias donde más delitos de esta índole se cometieron son Panamá, con 128; Chiriquí, con 72, y Darién, con 47. El resto (153) se distribuyó en las demás provincias y comarcas.
En términos generales, hubo una disminución entre 2021 y 2022 en lo relacionado con los delitos ambientales de un 14%; no obstante, en algunos delitos específicos se registró un incremento.
Tal fue el caso del tráfico de especies de la vida silvestre. En 2021, las autoridades ambientales detectaron 18 casos, mientras que el año pasado fueron 30.
De hecho, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, reconoció que al asumir la presente administración, en julio de 2019, no sabía que el crimen estaba tan organizado.
“Hemos visto redes de países de Centroamérica con el tráfico de especies, maderas, metales... y no existía inteligencia ambiental”, acotó.
Frente a este escenario, hace dos años se organizó un equipo especializado, conformado por el Ministerio de Seguridad, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Ambiente, para perseguir los delitos ambientales.
La efectividad
Para el biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Isaías Ramos, “más que un simple listado de casos o una mera enumeración de los que realicen los pobladores”, lo importante es verificar el número de sanciones efectivas que realiza la autoridad nominal, tanto administrativas como penales, y la recuperación de los daños ambientales generados.
A juicio de Ramos, se requiere un “empoderamiento” por parte de las autoridades para la sanción y cumplimiento, desde al ciudadano que arroja basura en las calles a las grandes empresas que contaminan de múltiples formas y que no son sancionadas de manera efectiva, al utilizar todas las estrategias legales para continuar sin cumplir.
“La educación ambiental tiene que ser internalizada y las responsabilidades asumidas por los ciudadanos, pero mucho más por las autoridades que se comprometieron en cumplirlas”, añadió.
Sobre la efectividad de sus investigaciones y procesos administrativos, el Ministerio de Ambiente informó en su última memoria de 2022 que a nivel nacional recibieron 319 denuncias ambientales en el periodo comprendido de noviembre de 2021 hasta octubre de 2022, dando respuesta al 92% de dichas denuncias.
De ese total, la mayor cantidad de casos presentados tuvo que ver con la contaminación de los recursos hídricos.
A principios de enero, la entidad ambiental lanzó una campaña de prevención de incendios de masa vegetal, ya que todos los años se pierden miles de hectáreas por este tipo de incidentes.
Algunos casos
El pasado 13 de diciembre, dos personas fueron sorprendidas por agentes de la Policía Ambiental Rural y Turística, en el corregimiento de Nuevo Emperador, dentro de los límites del polígono de tiro Balboa Oeste, en Arraiján.
Las autoridades realizaban un patrullaje de control y vigilancia en el área del río Mandinga, por lo que interceptaron a los sospechosos.
Allí se les decomisó dos mochilas, las cuales -según Zuleyla Toribio Madrigal, bióloga de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Panamá Oeste- contenían carne de venado cola blanca.
En palabras de la bióloga, el estado de esta especie es “vulnerable de extinción”, debido a la cacería irracional para el consumo de su carne, extracción de piel y astas, que utilizan como una especie de trofeo de caza.
Dos semanas antes, el pasado 30 de noviembre, la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, incautó 224 piezas de madera de cocobolo y capturó a dos personas en el área de Pacora.
La madera fue ubicada en un contenedor en la comunidad de Las Garzas y se presume fue extraída del parque Soberanía.
Aquella vez, Elvin Ortíz, jefe de la Policía Ambiental, subrayó que el cocobolo es una madera protegida por las leyes nacionales e internacionales, debido a que se encuentra en peligro de extinción.
El embarque incautado en Pacora fue trasladado al Ministerio de Ambiente para su custodia.
