La violencia sexual es uno de los delitos que más viene lastimando al país. Su crecimiento rápido y silencioso alerta a oenegés y organismos internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).
El pasado 24 de enero, la Fiscalía Regional de Chiriquí a través de la agencia subregional de Barú, aprehendió a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, como parte de la operación “Horizonte”, presuntamente vinculadas con delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
La fiscal primera superior de Chiriquí, Melissa Navarro, subrayó que la mujer detenida, la cual tenía vínculo familiar con las víctimas, permitía que los hombres mantuvieran relaciones sexuales con los menores de edad, a cambio de una remuneración económica.
Cifras y casos
Las estadísticas del Ministerio Público dan cuenta que entre 2021 y 2022 hubo un crecimiento de 7%, en los delitos contra la libertad e integridad sexual. En 2021 se atendieron 5 mil 969 casos de ese tipo, mientras que en 2022 fueron 6 mil 389, a razón de 17 casos por día.
Entre los tipos de delitos en los que mayor crecimiento hubo estuvo el acoso sexual, seguido de la posesión de pornografía infantil y relaciones remuneradas con menores de edad.
De hecho, a mediados de 2022, cinco personas fueron conducidas a los tribunales por su presunta vinculación al delito de pornografía infantil, tras una operación conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Se trató de una operación internacional denominada “Luz en la infancia”, que en el país se desarrolló de forma simultánea en las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste, de acuerdo con el Ministerio Público.
La operación fue dirigida desde Brasil y, además de Panamá, se llevó a cabo simultáneamente en Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador y Paraguay. El objetivo fue combatir los delitos de abuso y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, cometidos a través de internet, en el continente.
Llamado
Ante este escenario, entidades como la Defensoría del Pueblo han hecho un llamado a establecer un plan de prevención y de protección a víctimas de delitos sexuales.
Según esa entidad, comparten el clamor de una sociedad que pide justicia y protección para sus niños, niñas, mujeres y otras personas que han sido víctimas de delitos sexuales. “Estos delitos constituyen crímenes aberrantes, frente a los cuales la respuesta del Estado debe ser efectiva, especialmente en los casos en los que la víctima es una persona que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad”, indica la entidad.
Además, consideró como “indispensable” que como Estado se preste especial atención a las víctimas de estos delitos, ya que su recuperación depende de estrategias y acciones que les permitan acompañamiento, apoyo institucional y terapéutico y, sobre todo, protección.
Roderick Chaverri parte de la Red de Niñez y Adolescencia en Panamá, planteó que la principal inquietud que rodea esta problemática es que una buena parte de los casos ocurre en la población mayor de edad.
“Esto es producto de una descomposición en la estructura familiar”, dijo Chaverri, quien considera que la familia debe ser el primer anillo de protección y seguridad de esta población.
A juicio del activista hay un problema de valores, que se agrava por la falta de supervisión de los menores de edad, tanto por parte de los padres como en los centros escolares y otros entornos. “A esto hay que agregar que los pocos programas que hay para prevenir y atender a las víctimas no tiene recursos”, puntualizó.
Usó como ejemplo un programa que se ejecuta en Hogar Malambo y en el que se han atendido en 13 años a mil víctimas. A cada una se le ha brindado 15 cesiones, para que puedan sobrellevar las marcas físicas y emocionales de la agresión sexual.
“Debemos replicar estos programas”, concluyó.
El informe
El informe Análisis de situación de los derechos de los y las adolescentes en Panamá, publicado en diciembre de 2022 por Unicef, señala que las mujeres adolescentes son las principales víctimas de la violencia sexual en Panamá.
Para sustentar tal señalamiento se refirió a los datos del Ministerio Público, en 2021, que registraron 5,969 víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual. De ese total de víctimas, 65% fueron personas menores de 18 años (3,878 víctimas) y el 92% de las víctimas menores de 18 años fueron mujeres.
Unicef recomendó actualizar la estrategia multisectorial de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, así como generar una estrategia para la prevención y atención del abuso, acoso sexual, las uniones tempranas y otras prácticas nocivas que afectan a la mujer adolescente.
