La gobernadora de Panamá Oeste, Sindy Smith, dejó sin efecto la resolución No. 035-2022 del 28 de diciembre de 2022 que regulaba el uso de playas, lagos, ríos y balnearios en esta provincia, asunto que ha generado un amplio debate en los últimos días en el país.
En la Resolución No. 001-2023 del 5 de enero de 2023, firmada por Smith y su secretaria general Belia Tordecilla, se deroga la medida que prohibía a los bañistas estar en las playas después de las 5:00 p.m.
Pero esta prohibición sí se mantiene vigente “para los concesionarios, transportistas, conductores de transporte público de pasajeros o promotor que efectúe actividades con fines recreativos relacionados con excursiones o paseos”.
La disposición señala que la Policía Nacional está facultada para tomar las medidas necesarias que permitan reforzar la vigilancia y seguridad en las playas, ríos, lagos y balnearios de la provincia de Panamá Oeste (La Chorrera, Capira, Chame, Arraiján y San Carlos).


Hay que recordar que la la resolución No. 035-2022 del 28 de diciembre de 2022 prohibía el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, así como de los envases de vidrio, las armas de fuego y de los objetos punzocortantes. También prohibía el tránsito en el área de personas en estado de embriaguez y las motocicletas de cuatro ruedas (four wheel) conducidas por menores de edad, salvo que los acompañe la madre, el padre o un adulto responsable.
Otra de las zonas del país que impuso restricciones en estos espacios es el distrito de Antón, en Coclé. Hasta ahora, se desconoce si la medida seguía vigente.
Varias asociaciones turísticas en una carta enviada a Eric Domínguez, alcalde de Antón, expusieron las afectaciones que estas medidas generan en el turismo.
“La Riviera Pacífica debe medirse con otras ciudades y destinos nacionales e internacionales que no cuentan con las limitaciones de permanencia en el agua que establece el reciente Decreto No. 20 -2022 de 28 de diciembre de 2022″, se lee en la carta.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, ha dicho que las medidas dictadas por la Alcaldía de Antón y la gobernadora de Panamá Oeste vulneran el libre uso y goce de las playas. Leblanc advirtió que si no se derogan estas normas, las demandará ante la Corte Suprema de Justicia.


