Un grupo de pacientes afectados por el consumo de medicamentos contaminados con dietilenglicol bloqueó la vía Interamericana hoy, miércoles 23 de abril, a la altura de Divisa. Su principal exigencia fue ser escuchados directamente por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Sin embargo, la manifestación fue dispersada por unidades de control de multitudes de la Policía Nacional.
Los manifestantes reclamaron que el Estado ha incumplido compromisos con las víctimas, muchas de las cuales arrastran secuelas graves tras el envenenamiento masivo ocurrido entre 2004 y 2006.
En respuesta, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en el que aseguró que durante la presente administración se han evaluado 177 expedientes de personas que afirman haber sido afectadas por medicamentos contaminados.
Además, la entidad recordó que, desde la creación en 2015 de la Comisión Evaluadora —establecida por la Ley 12 de ese mismo año—, se han recibido 1,383 expedientes, de los cuales solo 11 están pendientes de evaluación.
Durante esta administración se han evaluado 177 expedientes de personas que argumentan haber sido afectadas por el uso o consumo de medicamentos contaminados con dietilenglicol. El proceso sigue en curso conforme a lo establecido por la Ley 12 de 2015. #MinsaPanamá pic.twitter.com/DmXiDVOdvq
— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) April 23, 2025
El Minsa explicó que cada caso se analiza bajo los criterios establecidos en la Ley 13 de 2010 (reformada por la Ley 12 de 2015), los cuales exigen, como mínimo, la presencia de dos condiciones clínicas y pruebas del consumo documentado del medicamento contaminado. Estos criterios incluyen insuficiencia renal, daño neurológico u otros daños orgánicos sin causa médica alternativa.
Destacó que la Corte Suprema de Justicia ha ratificado en cuatro fallos que solo los expedientes que cumplan con esos requisitos podrán ser reconocidos oficialmente como afectados por dietilenglicol.
También señaló que hay 336 personas con resoluciones favorables pendientes de notificación, ya que no han acudido a recibirlas pese a las citaciones enviadas. Entre ellas, 33 forman parte del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud (Cofadesavi).
La entidad reiteró que los pacientes tienen derecho a presentar recursos de reconsideración y, de ser necesario, apelar ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema.
Aunque aseguró haber sostenido dos reuniones con pacientes organizados y no organizados durante esta administración, el Minsa rechazó los cierres de vías como medida de presión, subrayando que el proceso de evaluación y reconocimiento debe seguir el marco legal vigente.
