Diputados citan al ministro del Miviot para que responda sobre el fondo solidario de vivienda

Diputados citan al ministro del Miviot para que responda sobre el fondo solidario de vivienda
Jaime Jované, ministro.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, deberá comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional luego de que los diputados aprobaran citarlo la tarde de este miércoles 25 de septiembre.

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El bono solidario de vivienda ‘no se puede seguir pagando’

Jované deberá responder un cuestionario sobre dos temas centrales: el pago de bonos solidarios y el futuro de algunos proyectos de infraestructuras que aplicaron por este programa y que actualmente está en pausa.

Las preguntas son:

-¿En qué fecha pagarán los bonos solidarios de vivienda, ya atrasados, a los promotores correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024?

- ¿En qué fecha se emitirán las resoluciones de bonos solidarios que ingresaron o fueron emitidas posterior al 30 de junio de 2024?

- ¿Para cuándo se definirá el futuro de los proyectos, a nivel del interior del país, que fueron tramitadas a través del Programa de Bono Solidario de Vivienda?

En agosto pasado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que el bono que se otorgaba a los promotores de vivienda por el Fondo Solidario de Vivienda no será renovado, al indicar que este beneficio dejará de existir porque no se puede seguir pagando.

El Fondo Solidario de Vivienda venció en junio de este año y tenía como beneficio que el Estado pagaba $10,000 correspondiente al abono de la inicial para viviendas hasta un máximo de $70,000. Era otorgado a familias con un ingreso de hasta $2,000 para facilitarles la adquisición de las unidades habitaciones.

Sin embargo, en los últimos años se fue acumulando esa deuda del Estado con los promotores de viviendas, quienes asumían los $10,000 por vivienda, mientras el Ministerio de Vivienda y Reordenamiento Territorial les pagaba esa inicial.

En abril de este año, los representantes de unas 200 empresas promotoras dieron a conocer que el Gobierno les adeudaba $140 millones correspondientes al programa, lo que ponía en “peligro” a 16,000 hogares de interés social.


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