La Caja de Seguro Social (CSS) optó por guardar silencio frente a la investigación penal por presunto peculado agravado que enfrenta, a título personal, Enguelbert Geovanny Estrada, miembro de la Junta Directiva de la institución. Estrada, representante de los servidores públicos, ingresó al máximo órgano de decisión de la CSS en octubre de 2024, en un contexto de creciente escrutinio sobre la administración de los fondos públicos y la gobernanza de la entidad.
La Prensa envió un cuestionario a las autoridades de la CSS para conocer su posición institucional frente al caso, así como las acciones adoptadas a nivel interno tras conocerse la investigación penal. Sin embargo, la entidad se limitó a remitir a un comunicado breve, divulgado días atrás, en el que señala que el proceso judicial es de carácter individual y que no guarda relación con la gestión ni con las decisiones administrativas del ente. El documento oficial, además, omitió mencionar el nombre del directivo investigado.
La falta de respuestas directas contrasta con lo que establece la Ley Orgánica de la CSS, reformada mediante la Ley 462 de 18 de marzo de 2025, que define de manera expresa las responsabilidades, los deberes y las causales de remoción aplicables a los miembros de la Junta Directiva, uno de los órganos más influyentes en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos públicos y la política de seguridad social del país.
El comunicado institucional tampoco aclara si la Junta Directiva de la CSS ha evaluado las implicaciones del proceso judicial que enfrenta Estrada, ni si se han activado mecanismos internos de análisis legal para determinar posibles conflictos con el marco normativo vigente.
Lo que dice la ley
El artículo 27 del Texto Único de la Ley Orgánica de la CSS establece que los miembros de la Junta Directiva solo pueden ser removidos por el Órgano Ejecutivo, mediante resolución motivada, y enumera causales específicas para ello. Entre estas figuran la falta de probidad en el ejercicio del cargo, el incumplimiento de los deberes inherentes a la función y haber sido condenado por la comisión de un delito doloso.
Si bien la norma se refiere expresamente a una condena en firme, el mismo artículo contempla escenarios previos que pueden dar lugar a actuaciones institucionales. Entre las causales se incluye la interferencia personal en asuntos que corresponden a la administración de la institución, una situación que, de producirse, debe ser notificada de inmediato al Órgano Ejecutivo para su evaluación.
La legislación reformada también refuerza el principio de responsabilidad individual de los directivos. La ley señala que los miembros de la Junta Directiva son responsables por sus actuaciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o patrimonial que pudiera derivarse, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Pese a este marco legal, la CSS no respondió si la investigación penal podría afectar la idoneidad de Estrada para mantenerse en el cargo, ni si se ha solicitado un criterio jurídico interno para evaluar la aplicación de los artículos citados. Tampoco aclaró si el directivo continúa participando de manera regular en las sesiones y decisiones de la Junta Directiva.
El proceso judicial
El caso tomó un giro relevante la noche del sábado 27 de diciembre, cuando un juez de control de garantías, en la provincia de Chiriquí, legalizó la aprehensión de Estrada, formuló cargos por el delito de peculado agravado en perjuicio del Estado y ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario contra el imputado.
Durante la audiencia, la defensa de Estrada sostuvo que no existieron irregularidades en el manejo de los fondos asignados a la junta comunal y argumentó que estos fueron administrados conforme a los protocolos y normativas vigentes. “No tenemos nada que ocultar y por eso decidimos enfrentar este proceso, que busca aclarar las imprecisiones señaladas por el Ministerio Público”, manifestaron los abogados defensores durante la diligencia judicial.
La decisión del juez fue apelada por el Ministerio Público, por lo que se programó una audiencia de apelación para el próximo 5 de enero, en la que se revisará la medida cautelar impuesta al directivo de la CSS.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y también involucra al exrepresentante de David, Jorge Montenegro Vallarino. El expediente forma parte del caso conocido como “descentralización paralela”, relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en juntas comunales del distrito de David, entre 2019 y 2024.
Según auditorías de la Contraloría General de la República, el perjuicio económico estimado supera los 4.4 millones de dólares, lo que ha convertido el caso en uno de los expedientes más relevantes en materia de uso indebido de fondos públicos en el interior del país.
Además, Estrada figura en la planilla de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), con un salario mensual de 1,369 dólares, de acuerdo con registros públicos oficiales.
La falta de respuestas de la CSS se produce en un contexto de creciente escrutinio público sobre la gestión de la institución, que administra miles de millones de dólares en aportes de trabajadores, empleadores y del Estado, y que cumple un rol estratégico en el sistema de seguridad social panameño.
Para sectores críticos y especialistas en transparencia, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mayor rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de altos cargos sujetos a investigaciones judiciales. La expectativa, señalan, no se limita a lo que ocurra en los tribunales, sino también a cómo las instituciones aplican sus propias normas frente a situaciones que pueden afectar la confianza pública.
