Natalia pasó sus últimos años en las calles de la ciudad de Panamá, enfrentando noches frías y días abrasadores en Curundú, un corregimiento profundamente afectado por la presencia de personas en situación de calle.
Con tan solo 28 años, Natalia vivió más sufrimientos de los que muchos enfrentan en ocho décadas. De piel morena y con una belleza natural, su vida quedó atrapada en el oscuro mundo de las drogas y la prostitución. Fue hallada sin vida entre los escombros de Curundú el pasado 3 de diciembre. Su cuerpo, al no ser reclamado, será enterrado en una fosa común.
Como Natalia, que padeció las devastadoras consecuencias de las drogas, se calcula que en el distrito capital residen entre 400 y 500 personas en situación de calle. De estas, el 98 % está afectada por el consumo de sustancias ilícitas, mientras que el resto enfrenta problemas de salud mental sin haber hecho uso de estupefacientes. Un grupo más reducido lo conforman adultos mayores abandonados por sus familias.
Cada persona en esta condición lleva a cuestas historias tristes, desde abusos y abandono hasta rebeldía, entre otros hechos que las acorralan en el mundo de las drogas.
En el Centro San Juan Pablo II, un organismo que brinda ayuda a personas con problemas sociales y adicciones, se trabaja todos los días ofreciendo comida, ropa limpia, albergue, cortes de cabello y atención integral a estas personas en la ciudad de Panamá.
Ariel López, director de proyectos del Centro San Juan Pablo II, explicó que desde la pandemia se ha registrado un incremento en el número de personas viviendo en la calle. Señaló que antes existían programas educativos en las escuelas sobre prevención de drogas y otros temas, los cuales han desaparecido.
Actualmente, el enfoque de los discursos sobre drogas es anticuado y no conecta con los jóvenes, quienes ya conocen detalles como nombres de sustancias, precios y formas de consumo.
El bajo nivel de las campañas de prevención ha contribuido al incremento en el uso de drogas y al desarrollo de tolerancia, lo que lleva a un mayor número de personas en situación de calle, explicó López.
Detalló que: “La tolerancia ocurre cuando el cerebro de la persona demanda más sustancia, lo que lleva a cambiar de droga para experimentar mayor placer. Eso es lo que incrementa el número de personas en las calles”.
Desde el Centro San Juan Pablo II han detectado que la cifra de habitantes de calle en el distrito de Panamá ha aumentado. Antes de la pandemia, tenían un registro de 250 personas sin techo; ahora la cifra está entre 400 y 500. Anteriormente, unas 15 mujeres estaban inmersas en este mundo, pero ahora han identificado al menos a 45.
Aunque muchos consideran que las cifras no son exactas, López indicó que los censos oficiales tampoco reflejan la realidad, debido a que los empadronadores no ingresaron a áreas de riesgo, dejando parte de la población sin contar.
Por ejemplo, en el Centro Juan Pablo II, ubicado en Calidonia, se atiende a 150 personas diariamente. En el centro de la 5 de Mayo, que funciona como albergue para adultos mayores rescatados de la calle, se atiende a 50 ancianos gravemente enfermos o en condiciones de abandono extremo.
Además de este centro, existen otras 35 organizaciones sin fines de lucro, tanto independientes como regentadas por grupos evangélicos, que brindan apoyo a esta población. Sin embargo, la tarea es compleja, ya que desde agosto de 2019, durante la administración del exalcalde José Luis Fábrega, se eliminaron los subsidios a unas 40 oenegés, las cuales recibían entre $2,000 y $5,000 mensuales.
Desde entonces, algunas de estas organizaciones han cerrado sus puertas, mientras que otras han reducido la cantidad de personas a las que ayudan.
Actualmente, el Centro Juan Pablo II recibe un único subsidio anual de la Lotería Nacional. Además, sus principales recursos provienen de donaciones a través de redes sociales, informó López.
López considera que debe existir un trabajo conjunto entre las autoridades y las instituciones sociales, para evitar que se perpetúe un círculo vicioso debido a la falta de intervenciones integrales y sostenibles.
“Cuando ellos [la Alcaldía] realizan los rescates, los llevan a esos centros, pero, lamentablemente, muchos se fugan, porque no todos aceptan ayuda y vuelven a quedar en la calle”, indicó.
La directora de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, Lizbeth Cunningham, confirmó que, desde la pandemia, se ha observado un incremento en las personas en situación de calle. Indicó que, a través de los operativos, han contactado a 330 personas mediante la Red de Rescate de Personas de Calle en el distrito capital.
Ante este panorama, la Alcaldía trabaja con un enfoque integral y coordinado. Cunningham destacó que el problema de las personas en situación de calle es multifactorial, por lo que requiere una solución interdisciplinaria en la que participen diversas entidades, principalmente el Ministerio de Salud (Minsa), ya que se trata de un problema de salud pública.
La directora dijo que la Alcaldía ha tomado el liderazgo, convocando a instituciones públicas y privadas para trabajar de manera conjunta. No obstante, destacó que en la capital no existen albergues permanentes ni soluciones estatales adecuadas para personas con trastornos mentales o problemas de drogadicción.
“Estos casos son complejos porque, en muchos casos, las personas estabilizadas médicamente regresan a la calle por falta de apoyo familiar o institucional”, afirmó Cunningham.
Actualmente, la Alcaldía trabaja con aproximadamente 15 fundaciones, algunas más consolidadas que otras, para atender a las personas rescatadas de la calle. Para continuar con esa labor, la entidad está gestionando recursos con empresas privadas para proveer alimentos, ropa y tratamientos.
Además, Cunningham colabora con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para proporcionar subsidios y fortalecer la red de apoyo.
La encargada de la Red de Atención “Habitante de Calle” explicó que se trabaja con organizaciones como Hogares Crea, destinando entre $1,000 y $2,000 mensuales, principalmente para alimentación.
Otra apuesta importante es la propuesta de ley que crea el Plan Nacional Integral de Rehabilitación y Resocialización para Personas en Situación de Calle en la República de Panamá, presentada en la Asamblea Nacional por el diputado Manuel Cheng.
Cunningham considera que el proyecto de ley busca regular la atención a personas en situación de calle, estableciendo responsabilidades claras para el Mides y el Minsa. Existe optimismo respecto a este proyecto, ya que actualmente no hay políticas públicas específicas para esta población.
La Alcaldía reconoce que su rol es limitado: contactar y trasladar a estas personas hacia organizaciones que las atiendan. Sin embargo, subraya la importancia de estar preparados para apoyarlas cuando decidan cambiar sus vidas.
