La creciente ola migratoria por el istmo hace de Panamá uno de los países vulnerables para el delito de trata de personas, considerado como el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y armas.
Según un informe del Banco Internacional de Desarrollo (BID) la trata de personas (TDP) es un fenómeno criminal global y creciente que toma diversas formas. Panamá, de acuerdo al documento, no reporta tráfico ilícito de órganos, pero sí se dan casos de explotación sexual, explotación laboral o servidumbre. Incluso a veces los parientes de las víctimas son los que cometen el delito.
Según datos del Ministerio de Seguridad (Minseg), en 2022 Panamá tuvo 22 casos de trata de personas, 8 casos dentro de la explotación laboral. Solo en 2022, 75% de esos casos fueron de explotación sexual, incluyendo menores de edad. Respecto a las nacionalidades: 39% de las víctimas son panameñas, 38% corresponde a mujeres colombianas, El 8% son de nacionalidad venezolana y el 15% son nicaragüenses.
Según el Minseg, las víctimas de trata se les ha brindado asistencia psicosocial, asesoría legal, asistencia médica, ayuda humanitaria, alojamiento, formación educativa y/o profesional. Además de terapia individual y grupal de aceptación-compromiso, ansiedad y depresión, dictado a las personas sobrevivientes de este delito.
El Ministerio Público ha llevado ante los tribunales a 21 personas tratantes, entre hombre y mujeres, vinculados a este ilícito entre 2021 y 2022.
El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, señaló que este problema se agrava por la vulnerabilidad de las personas migrantes en condición irregular y las cuales se mantienen en constante movilidad dentro del territorio nacional.
En lo que va del año 2023, datos oficiales mostraron que 248,901 personas caminaron por la zona selvática entre enero y julio, superando ya el récord de 248,284 registrado para todo 2022, la mayoría con el objetivo de llegar a Estados Unidos, según el Ministerio de Seguridad.
Panamá, por su ubicación geográfica, tiene un papel de liderazgo en este tema en instancias internacionales como la Coalición Regional contra la Trata de Personas (CORETT) y la Conferencia Regional de Migraciones (CRM).
Carlos Pérez, oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal bajo el Programa Global de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc, por sus siglas en inglés), plantea que el establecimiento de redes y la creación de instancias de cooperación entre países de la región es lo que más éxito ha tenido en el istmo.
Según Pérez, la Unodc ha venido trabajando con autoridades nacionales bajo la llamada iniciativa TRACK4TIP para fortalecer esta labor. El objetivo general de este proyecto es mejorar la respuesta de la justicia penal en la región ante la ocurrencia de casos de trata de personas dentro de las corrientes migratorias de los países beneficiarios mediante un enfoque multidisciplinario y centrado en las víctimas con acciones a nivel regional y nacional para identificar, prevenir y enjuiciar los casos.
Respecto a las medidas preventivas, el Ministerio de Educación (Meduca) cada 30 de julio conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas. Este año llevó adelante la campaña ‘Piénsalo Dos Veces’, dirigida específicamente a prevenir la trata de personas a través de las redes sociales.
La campaña ‘busca prevenir el acceso de los jóvenes a las redes sociales y evitar que puedan ser captados por tratantes y ser secuestrados con fines de explotación u otras modalidades de abuso.
El Meduca, a través de la Oficina en Población, ha capacitado más de 30 mil estudiantes en temas como la prevención de abuso infantil, ciber bullying o ciber acoso y la trata de personas en los centros escolares del país.
