Varios manifestantes que participan en las protestas contra el contrato minero han denunciado (principalmente en redes sociales) el uso de bombas lacrimógenas vencidas. Una vez recuperados los dispositivos, se aprecia que la fecha de vencimiento de algunos dispersores es de 2017, más de cinco años de caducidad.
El hecho fue posteriormente corroborado por el personal de la Defensoría del Pueblo.
La respuesta que el Gobierno de Panamá dio a una de las protestas que se realizaban afuera de la sede presidencial en la que nos encontrábamos fue aprovechar el agua de la lluvia para lanzar gases lacrimógenos que, con el efecto del agua, provocan ardor en la cara, tos y… pic.twitter.com/qCcLzUScsH
— reporteros (@reporter0s) October 27, 2023
Estas denuncias han inundado las redes en los últimos días, al tiempo que también se manifiesta como una consecuencia derivada del uso excesivo de la fuerza. La Policía Nacional no ha confirmado ni negado aún el uso de dispositivos vencidos.
Una carretilla llena de bombas lacrimógenas y encima vencidas @ProtegeryServir @MinSegPma pic.twitter.com/Rs65iwLQRB
— Arturo Illueca (@AguantePollo) October 26, 2023
Pero este viernes, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que anuncia que, luego de verificar el uso de dispersores vencidos, inició de oficio una investigación, en la que pide a la Policía Nacional que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, responda cuáles son los efectos para la salud que provoca el uso de gases lacrimógenos vencidos y que aclare qué controles mantienen sobre el uso de armas no letales.
Defensoría pide aclarar efectos de gases lacrimógenos vencidos.@eleblancg @ProtegeryServir @OACNUDH #DerechosHumanos #Panama pic.twitter.com/WPj8Zzk2oq
— Defensoría del Pueblo de Panamá🕊 (@DefensoriaPan) October 27, 2023
En el comunicado, la Defensoría también informa que está haciendo gestiones con “entes privados especializados” para determinar estas afectaciones, e “instó” a algún organismo o empresa que pueda “colaborar” con los estudios.
Julio Alonso, exinvestigador policial de criminalística de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), explicó que al no saber cuánto gastan los gobiernos –porque es algo que lo tratan como información reservada- en bombas lacrimógenas, las mismas se compran, no son usadas y quedan en stock. Luego, cuando surgen este tipo de manifestaciones, entonces recurren a su uso, aunque ya estén vencidas y sus principales activos se han descompuesto.
“Las bombas lacrimógenas son armas químicas. Esa descomposición es peligrosa y más cuando se combinan los ingredientes y, al descomponerse, se convierten en otros químicos que pueden entonces devenir en cianuro, potasio, cloro u otros, que no tienen la finalidad de disuadir, sino que crean afectaciones graves en el cuerpo humano”, explicó Alonso.
Los posibles efectos de estos químicos –según Alonso- incluyen intoxicación, envenenamiento, pérdida de la vista, pérdida y/o bloqueo de la capacidad respiratoria, pérdida del sistema nervioso, afectación al sistema anímico, problemas de tiroides y toda una gama de reacciones adversas en otros órganos vitales.
“Eso no es relajo”, advirtió el especialista.
También habló de potenciales quemaduras al contacto con estas bombas, que afectan en ambas vías, tanto al que protesta como al agente de seguridad que los utiliza.
El Estado nunca ha dicho exactamente cuánto gasta en pertrechos para antimotines, ya sea bombas lacrimógenas, máscaras, balas, escudos, balas de caucho, etc.
“Es un presupuesto grande y hay una queja nacional sobre por qué se gasta tanto en estos artefactos que luego terminan venciéndose”, se quejó Alonso.
