En la mira, propuesta de ley para importar desechos peligrosos al país

Varias organizaciones ambientales tienen en la mira el anteproyecto de ley 220, a través del cual se gestiona los desechos peligrosos en el país, por considerar que es “lesivo” para Panamá.

El documento fue presentado el pasado 21 de marzo por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Víctor Castillo, y tiene que ver con la importación y exportación de desechos peligrosos para su eliminación en el país.

Según la iniciativa de ley, Panamá se comportaría como una zona de incineración de material peligroso, siempre y cuando se cumplan con algunas normativas ambientales y sanitarias. No obstante, para organizaciones como el Centro de Incidencia Ambiental y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, la propuesta de ley es riesgosa porque transformaría al país en un “vertedero” de material peligroso.

Actualmente, la Ley 8 de 7 de junio de 1991 prohíbe la importación de cualquier forma de desechos tóxicos y contaminantes al territorio nacional. Pero con la nueva normativa se permite la importación de desechos peligrosos cuando se realicen en condiciones que no pongan en peligro la salud humana y el medio ambiente, cuando en el país existan instalaciones aprobadas para el manejo de los desechos y cuando los movimientos transfronterizos cumplan con los criterios acordados en el Convenio de Basilea.

A pesar de todas estas precauciones y advertencias, lo que inquieta a los ecologistas es que si el país no puede hacerse cargo de los desechos que genera, cómo se hará responsable de lo que se genera en otras naciones y mucho más si son de carácter peligroso.

El biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, Isaías Ramos, sostiene que la propuesta de ley 220 es un atentado contra la salud pública del país y transforma a Panamá en un basurero para el mundo.

“Hablamos de un Estado y sucesivos gobiernos que han sido incapaces de recoger la basura normal y darle una gestión adecuada a los residuos provenientes de los hogares, y ahora se busca que se importe material peligroso, para que sea procesado, quemado y finalmente depositado en nuestro territorio”, manifestó.

En palabras de Ramos, la propuesta le da un “enorme” poder a una subdirección del Ministerio de Salud, es decir, la Subdirección General de Salud Ambiental, la cual no cuenta con personal, equipo y transporte, o presupuesto, ni mucho menos un laboratorio para monitorear y regular a todas las empresas que podrían entrar al territorio y hacer esta actividad.

También dejó un mensaje a los diputados: “Este proyecto tiene que ser rechazado porque amenaza el aire, agua y suelo de todo el país, con el único interés de garantizar la ventaja económica de algunas empresas en perjuicio de todo el resto de la población. No podemos aceptar un proyecto de país que por negocios nos transforma en un basurero”.

De acuerdo con la iniciativa de ley, la incineración se utilizará como método primario de tratamiento de desechos peligrosos en el lugar o instalación aprobada para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos, siempre que los incineradores traten los gases de combustión y cumplan con los convenios internacionales y los límites máximos de emisión.

En cuanto a las sustancias peligrosas, se refiere a aquellas contenidas en el anexo 1 del Convenio de Basilea, que, por su reactividad física y química y sus características tóxicas, explosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que, por su tiempo de exposición, puedan causar daños a la salud y al ambiente.

Entre esos están los desechos clínicos resultantes de la atención médica, aquellos que surjan de la producción de medicamentos, desechos que contengan cianuro y los de carácter explosivo. También están el mercurio, el plomo, entre otros.

Para Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, este anteproyecto de ley es totalmente lesivo, inoportuno e irresponsable para Panamá, la salud de su población y el bienestar ambiental.

“Realmente no entendemos cuál es el afán de promover leyes absurdas e inconvenientes que en nada nos benefician, a menos que detrás de todo esto se estén moviendo intereses oscuros y mezquinos de unos pocos”, dijo.

A su juicio, Panamá no se ha distinguido por tener una adecuada gestión de los desechos, la prueba fehaciente es lo que ocurre en Cerro Patacón, para que encima nos empujen a ser el “hub de la basura” a nivel mundial.

“A nuestros gobernantes les parece poco promocionarnos como país minero, con todo el daño que ello representa, ignorando o manipulando dolosamente las leyes para ese deleznable propósito y ahora, nos quieren llevar al despeñadero con este absurdo”, apuntó.

Sin embargo, en su exposición de motivos, el diputado Castillo señaló que los desechos peligrosos pueden ser movilizados a Estados que cuenten con un lugar o instalación aprobado, siempre que el Estado que envía dichas sustancias no cuente con un lugar o instalación aprobado y el movimiento se realicen en condiciones que no representen peligro para la salud humana, el medio ambiente, y en condiciones que se ajusten a lo dispuesto en el Convenio de Basilea.

“Es necesario reglamentar las condiciones de operación de las instalaciones que gestionan los desechos peligrosos en el territorio nacional a efectos de que estos desarrollen su actividad de forma ambientalmente racional”, planteó el diputado oficialista.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor sección política