El proyecto de rehabilitación y ensanche de la carretera Omar Torrijos (Corozal–Red Tank–vía Centenario), con un costo de $105.7 millones, se perfila como uno de los proyectos viales del Ministerio de Obras Públicas (MOP) más relevantes para mejorar la movilidad en el corregimiento de Ancón y sus zonas aledañas.
De acuerdo con los resultados del proceso de consulta ciudadana incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado al Ministerio de Ambiente (Miambiente), el 75.2% de los encuestados asocia el proyecto con una mejora en la calidad de vida, principalmente por el beneficio directo sobre la movilidad y la reducción de los problemas de tráfico en el área.
El porcentaje de participación se sustenta en el universo definido en el propio EIA. El documento establece que el área de impacto directo del proyecto comprende un número estimado de usuarios residenciales, comerciales e institucionales, sobre el cual se aplicaron 339 encuestas, equivalentes al 35% del total de usuarios identificados en esa zona.
Este nivel de cobertura se considera representativo para estudios de este tipo, ya que permite recoger percepciones de una muestra amplia y diversa, integrada por residentes, comerciantes y actores institucionales que interactúan de forma cotidiana con la vía Omar Torrijos, plantea el documento.
Pese a la aceptación mayoritaria del proyecto, la consulta ciudadana también evidenció una serie de preocupaciones entre las comunidades y los actores clave del área de influencia directa.
Entre los principales temas señalados figuran el aumento de los niveles de ruido, la calidad del aire debido a la generación de polvo, el acceso a las propiedades durante la construcción a causa del congestionamiento vehicular, la posible afectación temporal de los servicios públicos y la relación del proyecto con el Parque Nacional Camino de Cruces, en particular en lo relativo a intervenciones dentro de zonas protegidas.
Ruido, polvo y tráfico: las principales alertas
Uno de los aspectos más mencionados por residentes y comerciantes es el aumento de los niveles de ruido durante las obras. La operación constante de maquinaria y los trabajos de pavimentación pueden generar ruidos molestos que afecten el bienestar de la población cercana a la carretera.
Según los estudios realizados, los niveles de ruido ambiental ya superan los límites permitidos en algunas zonas aledañas, una situación que podría agravarse durante la fase de construcción.
La contaminación del aire también figura entre las preocupaciones más relevantes. Las mediciones de material particulado revelan que los niveles de polvo y partículas finas ya exceden los valores establecidos por las normas de calidad del aire, especialmente en áreas cercanas al tráfico constante. Esto no solo afecta la calidad de vida de los residentes, sino que también representa un riesgo para la salud pública, en particular para personas con afecciones respiratorias.
El congestionamiento vehicular durante la construcción es otro de los temores recurrentes. Los residentes advierten que la interrupción temporal de los accesos y de la circulación en las áreas cercanas podría afectar su movilidad diaria y generar inconvenientes tanto para las comunidades como para los comercios que dependen del flujo constante de personas y vehículos.
Camino de Cruces, el foco ambiental
El proyecto también ha generado inquietud en torno al posible impacto ambiental en el Parque Nacional Camino de Cruces, un área protegida de alto valor ecológico. Las comunidades cercanas se mantienen vigilantes ante cualquier intervención que pudiera afectar este pulmón verde, clave para la biodiversidad y la calidad ambiental de la región.
En ese sentido, el EIA reconoce que el proyecto se desarrollará parcialmente dentro del parque y que cuenta con una viabilidad ambiental aprobada por el Miambiente, mediante la Resolución DAPB-131-2025, del 17 de noviembre de 2025. El documento señala que la intervención se concentrará en áreas previamente impactadas, donde se requieren trabajos de estabilización para garantizar la seguridad vial.
En relación con la percepción general del proyecto, el 62% de los encuestados califica como positivo el efecto que tendría la obra sobre su comunidad o propiedad, mientras que un 15% considera que tendría impactos tanto positivos como negativos. En contraste, un 9% califica el efecto como negativo y un 14% señaló no saber cómo evaluar el impacto.
En cuanto a los posibles conflictos derivados de la ejecución del proyecto, el 64% de los entrevistados manifestó estar dispuesto a contribuir a su solución. Además, el 76% considera que el proyecto ayudaría a resolver problemas de su comunidad, principalmente los relacionados con el tráfico y los tranques, uno de los reclamos históricos del área.
El EIA entregado por el MOP deja claro que la iniciativa no surge de una hoja en blanco. En2018, una versión anterior de la obra quedó inconclusa tras generar fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental. Aquella intervención dejó taludes abiertos, áreas deforestadas y una sensación persistente de improvisación que aún pesa sobre el trazado.
El MOP informó que desde diciembre de 2024 se validó oficialmente el inicio del proceso de rediseño, con el objetivo de ajustar el trazado a un modelo menos invasivo para las zonas boscosas aledañas, en especial las cercanas al Parque Nacional Camino de Cruces, un área de patrimonio natural que conserva ecosistemas propios del bosque tropical.
La reactivación del proyecto se produjo luego de que el MOP resolviera administrativamente el contrato con la empresa Astaldi, S.A., por incumplimientos contractuales, conforme a la Ley 22 de junio de 2006, que regula la contratación pública. El proceso, iniciado en enero de 2022, permitió al Estado hacer efectiva la garantía de cumplimiento y derivó en la subrogación del contrato por parte de la Compañía Internacional de Seguros, S.A., que mantenía una fianza por $44.5 millones.
En síntesis, la encuesta del EIA muestra una percepción mayoritariamente favorable hacia el proyecto, junto con preocupaciones puntuales sobre sus efectos durante la construcción. Estos elementos forman parte del análisis que acompaña el proceso de evaluación ambiental y el seguimiento que mantienen las comunidades del área de influencia directa.
