Estados Unidos (EU) amplió su política de restricción de visados para operadores de transporte aéreo, terrestre y marítimo que faciliten vuelos de migrantes, con el objetivo de frenar la migración irregular al país norteamericano.
La medida, dada a conocer este miércoles 21 de febrero, amplía una tomada en noviembre de 2023 contra las empresas chárter de Nicaragua. Los empresarios bajo la lupa son, por ejemplo, algunos que operan sistemáticamente vuelos privados desde Cuba hasta Managua.
“Muchos de esos no son por turismo, sino un intento de facilitar la migración ilegal a los Estados Unidos”, reveló Eric Jacobstein, subsecretario de Estado para América Central.
Resumen de conferencia de prensa con: Mendrala, asistente adjunta del Presidente y asesora principal para Migración; Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto para América Central; Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el DHS. https://t.co/orQZtTV47v
— USA en Español (@USAenEspanol) February 22, 2024
Para obtener tal información, el Departamento de Estado está solicitando la cooperación a sus países aliados de la región. Además, Jacobstein confirmó que el barrido preventivo incluye el control sobre redes sociales e influencers que participan de la red migratoria.
Varias designaciones a individuos se anunciarán pronto, según anticipó. Sin embargo, los nombres de las personas que sean sancionadas permanecerán confidenciales, aclaró.
“Antes la política tenía que ver con los vuelos chárter, ahora tiene que ver con todas las formas de transporte”, dijo Jacobstein.
Por su parte, Blas Núñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, recordó que, desde el 12 de mayo de 2023, cuando terminó la emergencia restrictiva del Título 42, el gobierno concretó más de 530 mil retornos, repatriaciones y expulsiones
Se trata de una cifra récord para ese período de tiempo, acotó el funcionario.
El gobierno de EU ha subrayado su compromiso de erradicar todas las formas de explotación dirigidas a migrantes vulnerables. Esta postura va más allá de condenar a los traficantes para incluir la responsabilidad de las empresas privadas, los funcionarios públicos y los gobiernos por sus roles en perpetuar este ciclo dañino.
