En Panamá, el gas doméstico ha dejado de ser solo un asunto de cocina. Fugas y acumulaciones han provocado explosiones en edificios de apartamentos, dejando personas heridas, residentes evacuados y daños materiales.
El PH Urbana, en 2022, fue uno de los casos más graves. En 2025, los Bomberos registraron 769 emergencias relacionadas con gas y seis explosiones en residencias y apartamentos. Y en 2026, los incidentes continúan. Ante una cadena de emergencias que no se detiene, ¿qué ha pasado con el nuevo reglamento de gas licuado de petróleo (GLP) que debe reforzar la seguridad de estas instalaciones?
Este medio consultó al Cuerpo de Bomberos de Panamá y a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), entidad encargada de revisar, aprobar y actualizar el reglamento, para conocer qué ha ocurrido con la revisión de las normas de gas en el país.
El Reglamento de Gas para la República de Panamá, que establece las normas técnicas para las instalaciones de gas licuado de petróleo (GLP), data de 2016 y fue modificado por última vez en 2017. La JTIA lo aprobó mediante la Resolución 060 del 19 de octubre de 2016 y lo reformó mediante la Resolución 004 del 15 de febrero de 2017.
Desde entonces, este es el marco que regula estas instalaciones, mientras las fugas y explosiones continúan provocando emergencias en viviendas y edificios.
El debate
Para Cirilo Castillo, director de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el país arrastra años de atraso en la actualización de las normas de gas.
El funcionario atribuyó ese rezago a distintos factores relacionados con la JTIA y sostuvo que se necesitan nuevas reglas que simplifiquen los procesos sin reducir las exigencias de seguridad.
Uno de los cambios propuestos por Castillo sería modificar la forma en que se certifican las instalaciones. Actualmente, cada tres años se debe retirar el gas de las tuberías para realizar una prueba de hermeticidad.
La propuesta permitiría hacer pruebas de fuga con el gas dentro de la tubería, lo que, según Castillo, evitaría que los residentes de edificios y apartamentos permanezcan semanas o meses sin el servicio. Estas pruebas seguirían a cargo de profesionales idóneos y serían verificadas por los Bomberos.
El otro obstáculo es la capacidad de inspección. Castillo informó que el Cuerpo de Bomberos cuenta con unos 132 inspectores a nivel nacional, pero estimó que necesitarían alrededor de 600 más para atender adecuadamente la demanda.
“El país necesita nuevas normas para actualizar los procesos sin reducir las exigencias de seguridad.”
Las inspecciones que realizan son principalmente visuales y revisan aspectos como la conexión de los artefactos, el estado de las tuberías y el cierre de las válvulas. “Los recursos son finitos”, dijo Castillo, quien sostuvo que la institución hace lo posible con el personal disponible.
La Junta Técnica
Sion Atencio, representante del Colegio de Ingenieros Civiles ante la JTIA, subrayó que el nuevo reglamento está en su fase final y podría estar listo a finales de año.
El documento incorpora recomendaciones técnicas para actualizar las reglas que rigen las instalaciones de gas y, de aprobarse, reemplazaría el reglamento vigente.
Entre los cambios recomendados, que pudo conocer este medio, está elevar los requisitos para los profesionales que inspeccionan y manipulan estos sistemas, mediante un esquema de capacitación y licencias temporales renovables.
“El que emite la licencia debe ser una entidad académica.”
Otra de las sugerencias es modificar el sistema de fiscalización. Atencio cuestionó que los Bomberos participen tanto en la certificación de quienes trabajan con instalaciones de gas como en la verificación de las inspecciones que estos realizan.
Su planteamiento es que la formación y la emisión de licencias queden en manos de instituciones académicas especializadas, mientras los Bomberos mantengan la función de verificar el cumplimiento de las normas.
“El que emite la licencia debe ser una entidad académica”, sostuvo.
Otras propuestas
También se sugiere incorporar pruebas de presión y de fugas como mecanismos para verificar la hermeticidad de las instalaciones y detectar posibles escapes de gas.
Otro de los cambios propuestos apunta a las mudanzas y remodelaciones. La idea es establecer controles obligatorios para la desconexión y posterior habilitación de las instalaciones de gas, de modo que estos trabajos queden en manos de personal autorizado y se verifique la seguridad del sistema antes de reconectarlo.
La JTIA está integrada por siete miembros de tres sectores. Cuatro representan a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA): su presidente, quien también preside la JTIA, y tres representantes de los colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles e Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de la Industria.
Además, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) aporta un representante, mientras que la Universidad de Panamá (UP) cuenta con dos: uno de la Facultad de Ingeniería y otro de la Facultad de Arquitectura.
