Panamá necesita invertir $1,000 millones al año en agua y saneamiento, pero apenas destina unos $350 millones. Es decir, el país cubre solo el 35% de lo que requiere y deja cada año un agujero de unos $650 millones para atender una infraestructura que arrastra décadas de rezago.
La falta de ese otro 65% tiene una traducción concreta: menos capacidad para reparar y ampliar redes, rehabilitar plantas potabilizadoras, reducir las fugas y extender los sistemas de saneamiento. En un sector que arrastra décadas de deterioro, la falta de inversión no solo retrasa nuevas obras; también encarece el mantenimiento de una infraestructura que envejece mientras aumenta la presión sobre las fuentes de agua.
Esta brecha estructural y financiera fue planteada por María Eugenia de la Peña, especialista líder de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante su intervención en el Simposio Industrial de Sostenibilidad, Energía y Agua, organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) en la capital.
Al exponer las debilidades del sector, el análisis advierte que la falta de continuidad en el suministro, el deterioro de la calidad del servicio y un marcado rezago en las áreas rurales e indígenas configuran una profunda brecha socioeconómica que el Estado no ha logrado revertir.
Para empeorar el escenario de desinversión, el sector no solo padece falta de asignación de fondos, sino también una severa incapacidad institucional para gestionar los recursos existentes.
Según los planteamientos de la especialista, la planificación financiera a largo plazo es prácticamente inexistente y los informes de fiscalización apuntan de manera recurrente a una baja ejecución presupuestaria, provocada por trabas burocráticas, procesos de licitación deficientes y la falta de cuadros técnicos calificados.
Cambio climático
A este panorama se suma una presión sin precedentes sobre las fuentes de abastecimiento, exacerbada por los efectos directos del cambio climático. Por ejemplo, durante 2023, la cuenca del Canal de Panamá —columna vertebral del consumo humano e industrial de la región metropolitana— registró un alarmante 25.6% menos de lluvias. Este año también se reporta el fenómeno de El Niño, que implica menos lluvias en la región.
Esta contracción climática coincide con un ritmo voraz de deforestación y cambios drásticos en el uso del suelo, que devoraron 352 mil hectáreas de bosques entre 2019 y 2021, destruyendo la capacidad natural de los suelos para regular y filtrar el recurso hídrico.
Saneamiento y tarifa
Por otra parte, se mencionó que apenas el 57.2% de las aguas residuales que genera el país reciben algún tipo de saneamiento, lo que significa que casi la mitad de las aguas negras fluyen sin control, contaminando las cuencas que luego deben abastecer a las plantas potabilizadoras.
La raíz de esta parálisis operativa se encuentra en un modelo financiero crónicamente insostenible, sepultado por un esquema de tarifas congeladas y decisiones políticas que han evitado el debate técnico.
Un análisis comparativo de la región sitúa al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales con la tarifa media más baja del continente: apenas $0.28 por metro cúbico.
Esta cifra contrasta drásticamente con los $2.40 por metro cúbico que pagan los usuarios en San José, Costa Rica, o con los estándares de otras capitales latinoamericanas que sí logran autofinanciarse.
Este desfase tarifario provoca que la institución sea incapaz de sostenerse por sí misma, al punto de que el Idaan solo puede cubrir el 70% de sus gastos operativos con los ingresos provenientes de las tarifas que pagan sus usuarios.
La dependencia
Bajo el modelo actual, el Idaan depende de presupuestos anuales rígidamente asignados, carece de calificaciones de riesgo mundiales y enfrenta una burocracia extrema que ralentiza las contrataciones básicas.
De la Peña ejemplificó que la adquisición de insumos tan elementales como una báscula para la operación puede tardar más de tres meses debido a los complejos filtros de la Contraloría y los recurrentes cambios de partidas, comprometiendo directamente la calidad técnica del servicio.
Para romper estas barreras, la especialista recomendó una hoja de ruta gradual e integral que transforme al Idaan en una sociedad anónima con participación 100% estatal, emulando modelos locales que operan bajo el derecho privado, como Tocumen S.A. o Etesa.
Esta transición dotaría a la institución de un código de trabajo flexible, un régimen especial de contrataciones y unidades regionales descentralizadas para acercar la gestión operativa a las comunidades.
La propuesta de transformación, detallada en tres fases, no contempla un aumento directo de tarifas, sino el diseño de un esquema tarifario justo que recupere los costos de operación y fortalezca al sector rural.
Por su parte, el director del Idaan, Antonio Tercero, explicó que la institución está ejecutando un plan de intervención en más de 41 de las 55 plantas potabilizadoras del país, mediante rehabilitaciones y ampliaciones. Dijo que las acciones buscan mejorar la eficiencia y la tecnología en los procesos de producción y potabilización, así como en la conducción y distribución del agua.
También señaló que parte de las deficiencias actuales son consecuencia del deterioro acumulado durante décadas en las redes y estructuras hidráulicas.
Sobre el presupuesto de 2027, Tercero dijo que la entidad solicitó más de $200 millones para inversión y entre $100 millones y $150 millones para funcionamiento.
Explicó que el presupuesto contempla recursos para pagar el agua comprada en bloques y la electricidad, además de proyectos de gran escala, como el saneamiento de la ciudad de David, en Chiriquí, y el proyecto de la planta de Howard, en Panamá Oeste, junto con otras obras para las áreas norte y este del país.
