La zona estaba a oscuras. Por momentos, el lugar solo se iluminaba con el paso de algún automóvil. Eran cerca de las 10:00 p.m. cuando Julio Fuentes, de 25 años, llegó a la parada de buses en Centennial, en el área de Condado del Rey, después de salir de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Allí se despidió de un conocido y luego tomó un taxi colectivo que se dirigía hacia Panamá Oeste, donde estaba su casa. Hasta ese momento, nada hacía pensar que aquel viaje terminaría convertido en una pesadilla.
El taxi tomó la Vía Centenario. Cerca del puente Centenario, según contó después Fuentes a las autoridades, el ambiente dentro del vehículo cambió. Desde el aire acondicionado comenzó a dispersarse un aerosol aromatizante. A la altura de Merca Panamá, el estudiante sintió una fuerte somnolencia. Fue entonces cuando el hombre que viajaba en el asiento trasero se abalanzó sobre él y lo sujetó por el cuello.
Después vinieron los golpes. Los agresores sacaron un arma de fuego, lo golpearon en el rostro y lo amenazaron de muerte. Fuentes terminó con lesiones en los pómulos, el ojo izquierdo y los labios. Le exigieron transferir dinero mediante plataformas digitales y le quitaron una computadora portátil, un iPhone, una bocina, documentos personales, su carné universitario de maestría, tarjetas bancarias y sus lentes graduados. En total, reportó pérdidas por $1,355.
Cerca de las 10:40 p.m., después de cruzar el Puente Centenario, lo dejaron a un costado de la carretera, cerca de unos expendios de comida. Herido y todavía aturdido, Fuentes corrió hasta encontrar ayuda. Un transeúnte le prestó un teléfono y pudo llamar a su padre. Esa llamada marcó el comienzo de otra parte de la historia: la denuncia ante el Ministerio Público y el intento de seguir el rastro del teléfono que le habían robado.
El celular comenzó a dejar señales. Las capturas incorporadas al expediente ubicaron el equipo en el área de la avenida Eloy Alfaro, cerca del Terraplén y de un comercio de celulares. Después llegaron llamadas de un hombre con acento extranjero que ofrecía devolverlo a cambio de un encuentro en la Plaza 5 de Mayo.
Fuentes y sus familiares reportaron el ofrecimiento a los fiscales. La investigación sigue abierta. Para Fuentes, el viaje que aquella noche comenzó como uno más entre la universidad y su casa se convirtió en un recorrido que todavía no termina.
Casos recurrentes
El caso de Fuentes no es un hecho aislado. Los robos y hurtos forman parte de las conversaciones diarias entre los estudiantes de la UTP. Anika Batista, presidenta del Centro de Estudiantes y estudiante de quinto año de Ingeniería de Alimentos, asegura que los casos ocurren tanto dentro del campus como en sus alrededores, pero que las paradas de transporte concentran la mayor preocupación.
La situación no es nueva. Batista recuerda que, un semestre atrás, el Centro de Estudiantes recibía entre dos y cuatro reportes diarios de robos. Los relatos tienen un patrón: durante las horas de mayor movimiento, cuando las paradas están llenas, una persona se acerca por detrás y amenaza al estudiante con un cuchillo, un destornillador u otro objeto punzante, mientras otra lo empuja y le arrebata el teléfono o la cartera.
El problema, sostiene, también alcanza el interior de la universidad, donde se han reportado robos de vehículos, computadoras y piezas de automóviles.
Para Batista, los estudiantes parecen haberse convertido en un objetivo recurrente. Dice que algunos de los presuntos delincuentes son hombres adultos, utilizan gorras y se visten de manera que pueden confundirse entre los estudiantes. En ocasiones, incluso han ingresado a actividades universitarias haciéndose pasar por alumnos.
“Puede ser una red criminal que se dedica a buscar como target a estudiantes en las paradas”, planteó, aunque aclaró que no cuenta con elementos para afirmar que se trate de una estructura organizada.
El impacto, explica, va más allá del valor de un teléfono o una computadora. En la UTP, esos equipos son herramientas de estudio. Un celular de $200, $300 o $400 puede ser indispensable para un estudiante y, en algunas carreras, una computadora de $400 en adelante resulta necesaria para utilizar los programas de trabajo.
“No importa cuánto fue lo que te robaron, sino que te robaron todo lo que tú tenías para poder estudiar”, dijo Batista. Por eso considera que cada robo puede convertirse en una dificultad adicional para continuar una carrera universitaria.
Las reuniones
El Centro de Estudiantes ha buscado respuestas con las autoridades. Batista cuenta que se reunieron con unidades policiales de Condado del Rey y que, inicialmente, se acordaron rondas dentro del campus y presencia policial en las paradas. También hubo reuniones con la rectora de la UTP, Ángela Laguna.
Posteriormente, tras gestiones con la Alcaldía de Panamá, se instalaron cámaras de videovigilancia en las paradas, acompañadas de botones de emergencia. Batista considera que estas medidas pueden ayudar a prevenir los robos, pero no resuelven por sí solas el problema.
Su reclamo también apunta a las reglas con las que se procesan estos casos. Batista sostiene que muchos estudiantes terminan sin una respuesta efectiva después de denunciar el robo de sus teléfonos porque el valor del equipo no alcanza el monto que, según ella, se exige para que el caso avance.
“Puede ser una red criminal que se dedica a buscar como target a estudiantes en las paradas”.
Por eso pide cambios legales y medidas de prevención más visibles en los alrededores de la universidad. “Más luces, más visibilidad para los estudiantes”, resume. Para la presidenta del Centro de Estudiantes, el problema ya dejó de ser una sucesión de casos aislados: es una situación que condiciona la manera en que miles de jóvenes llegan, estudian y regresan a sus casas.
Dificultad legal
El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoció que una de las dificultades para atender los robos dentro de las universidades es la autonomía de estas instituciones. “De nuestra parte, con todas las universidades trabajamos. Nosotros, como Policía, no entramos a las universidades por el tema de autonomía”, explicó.
Fernández señaló que la Policía ya realizó un operativo en el Terraplén, donde se comercializan equipos tecnológicos, y sostuvo que detrás de estas ventas existen grupos dedicados a esta actividad. “Son bandas dedicadas a esto”, afirmó.
A su juicio, la normativa actual dificulta la persecución de estos delitos y requiere una revisión. Entre las alternativas planteadas por el director está modificar la legislación para que la posesión de uno o más equipos reportados como robados pueda ser procesada como robo agravado y evitar que estos casos terminen únicamente ante un juez de paz.
“La normativa hay que actualizarla o cambiarla”, sostuvo Fernández, quien también planteó aumentar las consecuencias para quienes compren artículos de procedencia ilícita.
Se buscó la posición de la rectora de la UTP, pero señaló que por ahora la universidad no tiene una declaración sobre el caso. No obstante, informó que la institución prepara un foro sobre prevención activa dirigido a la juventud, especialmente a los estudiantes.
Mientras las autoridades hablan de cámaras, operativos y cambios a la ley, los estudiantes siguen esperando en las mismas paradas. Al caer la noche, Centennial vuelve a quedar a oscuras. Allí comienza el viaje de cientos de universitarios hacia sus casas, pero también persiste el temor de que otro trayecto cotidiano termine convertido en otra historia de robo.
