El Tribunal Internacional de Arbitraje acogió de forma parcial la demanda que presentó el consorcio español Fomento y Construcciones Contratas (FCC), para que la Caja de Seguro Social (CSS) no ejecutara la fianza de cumplimiento del proyecto Ciudad de la Salud.
Así lo informó hoy el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, quien detalló que esa instancia internacional decidió que la entidad no puede hacer uso de la fianza de cumplimiento por 90 días.
Aunque en el fondo lo que FCC buscaba era que la CSS no pudiera ejecutar la fianza, mientras concluía el proceso legal por Ciudad de la Salud, el cual podría tomar entre dos o tres años.
“Puedo adelantar que no les concedió su pretensión que (el secuestro de la fianza) fuera durante todo el tiempo que dura el proceso legal, pero sí les concedió 90 días de blindaje o inhabilitación de la CSS, para poder hacer uso o invocar la fianza después de establecido el tribunal arbitral de otra demanda que nos pusieron por $120 millones”, indicó Lau Cortés.
Cómo se recordará este medio reportó que FCC presentó dos demandas en el Tribunal Internacional de Arbitraje: la primera con el objetivo de secuestrar la fianza de cumplimiento de la obra y otra por $120 millones por vigencia extendida, es decir el tiempo que la obra estuvo detenida entre 2015 y 2019.
Además el director de la CSS indicó que como parte de la sentencia del Tribunal se le pide a FCC que cubra los costos de este proceso de arbitraje y le exige que extienda la fianza de cumplimiento por seis meses más.
“Seguiremos usando todos los recursos que nos da las leyes de la República para poner al servicio de la población las instalaciones de la Ciudad de la Salud. Nosotros aspiramos a que la empresa nos permita habilitar las áreas necesarias para brindar el servicio en esta situación con el Covid-19 y que nos permita terminar la obra”, concluyó el funcionario.
El proyecto Ciudad de la Salud comenzó en 2012 y tiene un 65% de avance. La obra, que debía estar lista en 2015, se licitó por $554 millones y debido a retrasos y conflicto legal se estima que terminará costando más de $800 millones.
