Llegar a viejo no basta: el desafío de vivir mejor en un Panamá que envejece

Vivir más no siempre significa vivir mejor y en tiempos en que la población vive más años el desafío de ajustar nuestras sociedades a esa realidad es cada vez mayor.

En Panamá, la edad promedio estimada de la población para 2026 es de 30.6 años y el índice de envejecimiento se sitúa en 61.5, es decir, que por cada 100 menores de 15 años hay aproximadamente 61.5 personas mayores.

Aunque todavía son más los niños y adolescentes en la pirámide poblacional, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para el año 2035 este indicador se elevaría a 104.

Otro dato importante para entender la transición demográfica que atraviesa el país es la relación de dependencia. En este momento esa relación es de 52.75 personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar, y se estima que para 2050 esa relación suba al menos a 70.

¿Está Panamá preparado para envejecer?

El Censo de Población de 2023 deja en evidencia, en números absolutos, que el tamaño del desafío no es menor: 563,641 personas de 60 años y más fueron empadronadas. Según las proyecciones, ese número se incrementará a 690,666 en 2026 y a 962,468 en 2035.

Del total de los adultos mayores captados en el Censo, el 43.4% o 244,902 estaba jubilado o pensionado, aunque el ingreso promedio mensual por jubilación era de $554.59; el 13.1% vive con alguna discapacidad y solo un 38.5% tiene seguridad social. Además, 73.9% no es económicamente activo.

Y no se trata solo de pensiones. Si a esta radiografía básica en términos demográficos le agregamos algunos datos relativos a salud de la población –aumento en diagnósticos de hipertensión, diabetes y dislipidemias, así como gran parte de la población viviendo con obesidad– queda en evidencia la necesidad de trabajar en prevención y atención temprana para evitar que cuando la población joven de hoy entre al segmento “mayor” tenga altos niveles de dependencia o dificultades para mantenerse económicamente activo.

Además, es necesario darle la vuelta como sociedad a aspectos vinculados a educación, trabajo y lucha contra la discriminación por edad, ya que la independencia financiera de la población mayor no implica solamente el acceso a una pensión que permita calidad de vida, sino también la eliminación de barreras culturales que limitan su permanencia o acceso al disfrute social.

Del asistencialismo a la longevidad

La abogada especialista en políticas públicas Shanntal Veiga afirma que las cifras son preocupantes y que el país está “tarde, muy tarde en la construcción de políticas públicas que permitan envejecer con derechos y garantías”. “No está preparado, como en otros temas más, para enfrentar este cambio generacional que está llegando a las puertas de nuestras casas”, afirmó.

Una de las falencias que apunta es que hay leyes y decretos que permiten la protección del adulto mayor, sobre todo los que se encuentran en centros de cuidado, pero todo queda en letra muerta porque no hay presupuesto.

Destaca también la falta de métricas que permitan conocer el impacto de las inversiones que se hacen en esta población y apunta al reducido presupuesto que se otorga al Ministerio de Desarrollo Social para atender el tamaño de su responsabilidad en este tema, que incluye tener personal especializado.

Veiga pone como ejemplo en la región a Uruguay y Chile que tienen servicios para el adulto mayor que les permiten no depender al 100% del Estado. Afirma que hay espacios de rutinas, de recreación y que existe una economía plateada circular muy importante.

Consultada por si no es esta una mirada particularmente asistencialista, la también especialista en derechos constitucionales reconoció que es verdad que estamos acostumbrados a echarle siempre la culpa al Estado, pero también es cierto que el Estado tiene que garantizarle a la población el camino, y aunque ha habido avances de política y acciones no han sido sostenidas en el tiempo ni se han otorgado los fondos necesarios para implementar la política pública y las leyes aprobadas.

Para María Inés Castillo, exministra de Desarrollo Social y presidenta en Panamá de The Shift, una plataforma que articula con instituciones, gobierno, academia y empresa para acelerar la adaptación organizacional al envejecimiento poblacional, “es importante setear la conversación, pasar de hablar de asistencialismo, a una inclusión real de las personas mayores”.

Castillo, quien es abogada y consultora en género, longevidad y desarrollo social, afirma que las personas mayores tienen un potencial importante para emprendimientos, para legados, para ser esa mano de obra productiva que requiere el país porque, eventualmente, el llamado bono demográfico va a disminuir y, en ese momento, se empezará a hablar, como ya pasa en otras sociedades, de trayectorias profesionales mucho más largas.

Actualmente, en Panamá las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres, a los 62 pero la mayoría debe seguir trabajando porque lo que reciben no les alcanza para sostenerse.

Castillo destaca la importancia de que así como las empresas se toman el tiempo para hacer el onboarding de las personas cuando ingresan, las deben acompañar para estar listas para el final de su carrera, dándoles educación en planificación financiera con enfoque de longevidad. “Ya no basta hablar de una jubilación para poder vivir esos años extras, vamos a tener que poder crear un patrimonio más allá. Si no nos preparamos, nuestra pensión no va a poder ser suficiente y vamos a tener personas mayores trabajando muchos más años”, afirmó.

En abril pasado, durante un encuentro organizado por el INCAE Business School en alianza con Sumarse, Andrea M. Prado, profesora de INCAE y directora de la Iniciativa de Salud y Ciencias de la Vida, planteó que el cambio generacional que se está dando en Panamá no puede abordarse únicamente desde una lógica asistencial. Dijo que implica repensar la organización del trabajo, los sistemas de cuidado y el desarrollo de nuevos mercados vinculados a la longevidad.

Durante el mismo panel, Edith Castillo, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), explicó que el país ya experimenta cambios estructurales como la reducción del tamaño de los hogares, su dispersión geográfica y el aumento sostenido de la demanda de cuidados, factores que inciden en la disponibilidad de talento, la organización de las familias y la presión sobre los sistemas públicos.

¿Qué dice la política pública?

En 2024, Panamá aprobó la Política Pública a favor de las Personas Mayores 2024-2030, “Por un Envejecimiento Saludable para Todos y Todas”, que tiene como meta general “incorporar el envejecimiento saludable y el respeto de los derechos humanos de las personas mayores en la agenda pública, mediante la articulación intersectorial y territorial”.

En esta política las personas mayores son consideradas como actores estratégicos y beneficiarias de su propio desarrollo y se contemplan tres ejes de trabajo: Seguridad económica en la vejez; Salud y bienestar en la vejez, y Entornos propicios y saludables.

Lo que establece la política va en línea con lo establecido por la OMS en el marco de la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030), cuyo consenso señala que catalogar a los seres humanos solo por sus años de vida es insuficiente y edadista. Por ello, sus directrices clínicas priorizan evaluar las etapas según el nivel de capacidad intrínseca (la combinación de todas las capacidades físicas y mentales de un individuo) y su capacidad funcional.

No obstante, lo que establece la política requiere celeridad y financiación. De momento, el Ministerio de Desarrollo Social está próximo a terminar lo que desde la entidad denominan su primer proyecto institucional en esta vía. Se trata del primer centro de atención diurna o casas de día, que estará en Juan Díaz y que estaría inaugurándose a principios de 2027. Este centro estaría en capacidad de recibir entre 50 y 100 personas.

La idea es acoger a los adultos mayores con movilidad y quizás movilidad reducida para darles una atención integral: terapia ocupacional, capacitaciones, recreación, atención en trabajo social.

La aspiración como institución es que a nivel provincial se vayan haciendo réplicas, haciendo alianzas con las juntas comunales, de forma que aquellas familias que trabajan tengan un lugar seguro, con personal calificado para dejar durante el día a su adulto mayor.

El Mides también tiene bajo su responsabilidad atender unos 79 centros de larga estancia en el país, en los cuales hay alrededor de 2,000 personas mayores.

La exministra de Desarrollo Social María Inés Castillo destaca que el tema demográfico está visto en el mundo como uno de los potenciales factores de empobrecimiento si no ve con luces largas tanto desde el ámbito de las políticas públicas como por la sociedad —y el propio individuo—.

El aumento en la esperanza de vida y la caída en la natalidad implican que para prepararse para una sociedad longeva no basta diseñar políticas únicamente para quienes hoy tienen 60, 70 u 80 años. También significa preparar desde ahora a quienes tienen 20 y 30 para vivir una vejez distinta.