El crimen organizado viene dirigiendo su mirada a los recursos naturales del país, para sacar provecho. La flora y la fauna, a medida que pasan los años, son impactadas por sus actividades delictivas.
De esta realidad dan cuenta los informes estadísticos del Ministerio Público. Por ejemplo, entre enero y febrero de este año, los delitos ambientales mantienen una tendencia muy parecida a la reportada durante 2022.
Entre enero y febrero de 2023 se han reportado 56 delitos ambientales, mientras que en el mismo período del año pasado se contabilizaron 55, lo que supone un promedio de uno por día.
Los casos van desde deforestación ilegal en áreas protegidas hasta minería, incumplimiento de estudios de impacto ambiental e incendios forestales. Las provincias donde más casos de delitos ambientales se reportan son Coclé, Darién, Chiriquí y Panamá.
Daño ecológico
De hecho, el Ministerio de Ambiente informó que investiga un incendio dentro de la reserva la Yeguada, en Veraguas, el cual impactó unas 100 hectáreas.
“No se descarta también que pudo haber sido una mano malintencionada que haya provocado el incendio”, precisó la entidad ambiental.
Esta no es la primera vez que un incendio de esa magnitud se reporta en esa área protegida. También en abril de 2022 ocurrió un siniestro parecido que consumió otras 100 hectáreas de sus valiosos recursos forestales.
En palabras de Hermel López, exdirector del Ministerio de Ambiente en la provincia de Darién, muchos de estos incendios son provocados y buscan un fin: la apropiación de tierras.
A López le tocó fiscalizar y denunciar ante las autoridades judiciales varios casos de incendios en Darién en la pasada administración gubernamental (2014-2019), puesto que los responsables de los incendios, algunos en áreas protegidas, levantaban viviendas y luego reclamaban derechos posesorios sobre estas propiedades.
Precisamente, durante los últimos años se han presentado denuncias en varias reservas ecológicas y provincias por incendios provocados. Por ejemplo, entre marzo y abril de 2019, varios incendios provocados devastaron unas mil hectáreas de la reserva ecológica Punta Patiño, en Darién.
A raíz de esto, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza interpuso denuncias para que el Ministerio Público investigara.
Hace siete años, el refugio de vida silvestre conocido como humedales de Matusagaratí perdió 2 mil hectáreas de bosques debido a este tipo de siniestros.
López, quien forma parte de la Alianza por un Mejor Darién (Amedar), manifiesta que estos procesos judiciales, una vez se presenta la denuncia, son largos y hay mucha impunidad. “Eso desanima a las personas en Darién”, manifestó.
Otro de los delitos frecuentes en Darién, según el activista, es la tala ilegal y el daño a las fuentes hídricas, para la extracción de arena o piedras. “A esto se debe agregar el uso de los agroquímicos, sustancias que muchas veces van a parar a los ríos de la provincia”, puntualizó.
Como se recordará, el Parque Nacional Darién es la principal fuente hídrica de esa provincia. Allí se originan los ríos Tuira, Balsas, Chucunaque y Sambú que desembocan en el Golfo de San Miguel, también el río Jaqué que desemboca en el Océano Pacífico.
Otros casos
La minería ilegal es otro de los casos que vienen detectando las autoridades ambientales y judiciales, en los últimos meses. Solo el pasado 6 de marzo, tres hombres fueron aprehendidos cuando desarrollaban actividades de minería ilegal en el Parque Nacional Chagres y, el pasado 20 de febrero, otras cuatro personas fueron sorprendidas en Quebrada Mula, Sabanitas, en la provincia de Colón, cuando extraían oro de manera ilegal.
Autoridades como la fiscal superior de Ambiente, Fátima Sánchez, han señalado que la minería ilegal es una actividad en crecimiento y que no siempre se trata de metales como el oro, sino que también hay extracción ilegal de arena, piedras y cascajo de ríos y quebradas, proceso en el que se usa maquinaria pesada que destruye el medio ambiente.
Adicional, el tráfico de animales es un delito que viene creciendo. En 2021, las autoridades ambientales detectaron 18 casos, mientras que el año pasado fueron 30.
En ese contexto, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, ha reconocido que al asumir la presente administración, en julio de 2019, no sabía que el crimen estaba tan organizado.
Sobre la efectividad de sus investigaciones y procesos administrativos, el Ministerio de Ambiente informó en su última memoria de 2022 que a nivel nacional recibieron 319 denuncias ambientales en el periodo comprendido de noviembre de 2021 hasta octubre de 2022, dando respuesta al 92% de dichas denuncias.
