La población de estudiantes es una de las más golpeadas por la actual crisis social que se vive en el país y por el paro de labores decretado por los gremios docentes.
Cuando intentaban recuperar el aprendizaje perdido durante más de dos años debido a la pandemia de la covid-19, tuvieron que volver a ausentarse de las aulas.
Aida Alfaro, directora ejecutiva de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, ha seguido de cerca este tema, tanto en la pandemia como ahora, y le inquieta el efecto que tendrá la pérdida constante de clases en las presentes generaciones de estudiantes.
Alfaro reconoce la compleja situación del país por el aumento de los combustibles y la canasta básica.
“Ahora, es una lástima que nuevamente sean los estudiantes los afectados por la crisis social actual”, dijo.
En palabras de la especialista, la educación es un derecho universal y cada día que los estudiantes no asisten a clases, se pone en riesgo sus oportunidades futuras y el futuro del país.
“Cada día que pasa sin clases, estamos volviendo para atrás en materia educativa. La educación tiene que ser prioridad nacional, ya que es el único nivelador social. Decimos que nos preocupan las brechas sociales y la única oportunidad de garantizar que esas brechas disminuyan es educar a nuestros estudiantes”, agregó.
La Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa y otras 23 organizaciones se pronunciaron en 2021, cuando aún no se habían retomados las clases de forma presencial en la mayoría de los planteles. En aquel momento, Panamá era uno de los pocos países de la región que todavía no había reanudado clases dentro de las escuelas, en medio de la pandemia.
Argumentaron entonces que los aprendizajes remotos no eran ideales, que no llegaban a todos y que muchos estudiantes se quedarían sin ningún tipo de clases o recibirían clases muy deficientes debido a la falta de conectividad.
También se refirieron a otros aspectos, como es el caso de que para muchos estudiantes las escuelas son los espacios donde reciben alimentación, salud y acompañamiento psico-emocional, por lo que privarlos de todo esto puede tener otra cantidad de consecuencias que van mucho más allá de lo académico.
De hecho, ese es uno de los principales planteamientos de Alfaro actualmente: “los estudiantes necesitan estar en las aulas de clases”.
El sustento
Los planteamientos de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, tanto en 2021 como ahora, también están plasmados de forma estadística en el informe Dos años después: salvando a una generación, publicado por el Banco Mundial y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en colaboración con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
El documento también sugiere que, luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa de la covid-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de 10 años.
Incluso, estas pérdidas de aprendizaje podrían costar a los alumnos de hoy una reducción en sus ingresos de aproximadamente 12% a lo largo de su vida.
Sobre Panamá, el informe hace varios señalamientos. Por ejemplo, que junto a Venezuela y Honduras fue uno de los tres países de la región que más tiempo mantuvo sus escuelas cerradas; que hubo un crecimiento del 4% de la matrícula en las escuelas públicas, y que las pruebas ERCE de aprendizaje mostraron un deterioro en matemáticas y lectura.
Más voces
Otra de las organizaciones que se pronunció sobre lo que ocurre actualmente fue el movimiento Jóvenes Unidos por la Educación. Aunque consideraron justificadas las protestas, reiteraron la importancia de no interrumpir el proceso escolar ni las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, por ningún motivo.
A su vez, exhortaron a los actores involucrados a pactar un acuerdo que garantice el retorno presencial a las aulas, tomando en cuenta que Panamá fue uno de los países que más días de clases perdió por la pandemia, perjuicio que pagarán las futuras generaciones si no se toman correctivos.
Por su parte, el dirigente magisterial Edy Pinto aseguró que nadie quiere estar perdiendo clases, pero ahora mismo están obligados a luchar por mejores condiciones para el país, ante el precio del combustible, la canasta básica y los medicamentos.
Pinto, quien forma parte del grupo de educadores que está en la mesa de negociaciones en Veraguas, dejó claro que mientras no haya una solución clara a estos temas, no volverán a las aulas.
“En educación, hay puntos que también planteamos en la mesa y que se deben resolver, como los son dotar de alimentos y granos a los estudiantes de las áreas rurales y comarcales, así como equipar los laboratorios y talleres de las escuelas. Nosotros no estamos luchando por salarios para nosotros”, acotó.
De acuerdo con Pinto, en el primer trimestre de este año escolar, los alimentos y granos no llegaron a las escuelas en las áreas rurales.
Frente a los señalamientos de los docentes, autoridades del Meduca informaron ayer que se licitó la galleta nutricional y se incluyó crema, leche y granos en un proceso que se inició en marzo, y solo falta que uno de los proveedores cumpla con los últimos detalles del contrato, para luego enviarlo a la Contraloría General de la República para su refrendo.
Según información de la Dirección de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, estos programas impactarían a 59 mil 235 estudiantes en 273 centros escolares de las 16 regiones educativas, que ofrecen alimentos con proteínas, carbohidratos, vegetales, frutas y agua.
Se consultó a las autoridades del Meduca sobre el retorno a clases presenciales y comunicaron que por ahora no hay nada concreto debido al paro de labores. Las clases siguen suspendidas.
