El Ministerio de Ambiente (Miambiente) solicitó este viernes 7 de agosto por medio de una nota a la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional que rechace en primer debate el proyecto de ley No. 371 de 2020.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Tito Rodríguez y busca modificar disposiciones de la Ley 21 de 1997, que aprueba el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal.
Específicamente la propuesta de ley autoriza la creación de un área de “tratamiento especial” sobrepuesto dentro una “franja de hasta 100 metros de ancho contados a partir de la línea de propiedad en el lado frontal a la vía Transístmica”, sobre la cual sus actuales propietarios u ocupantes legalmente reconocidos podrán tener la posibilidad de emprender actividades turísticas, comerciales y de generación de empleos.
No obstante, la nota que lleva la firma del ministro de Ambiente, Milciades Concepción y que va dirigida a la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Kayra Harding señala que la propuesta “incumple” mandatos constitucionales, ya que desconoce la competencia privativa de la Autoridad de Canal de Panamá (ACP) sobre los recursos hídricos de la cuenca del Canal y además desconoce la coordinación que debe existir entre la ACP y otras instituciones, para ese tipo de temas.
Igualmente se indica que este tipo de propuestas de ley solo pueden ser presentadas por el Órgano Ejecutivo, y no por diputados como fue este caso.
La iniciativa, que se espera sea discutida en primer debate la próxima semana, también encontró oposición en organizaciones ambientales y comunitarias como el Centro de Incidencia Ambiental y la Asociación de Comunidades de las Áreas Revertidas.
En ese contexto, el Centro de Incidencia Ambiental considera que la nueva regulación permitiría la violación del uso de suelo establecido por la Ley 21 de 1997, mediante la aplicación de las llamadas "áreas de tratamiento especial sobrepuesto", ya que por el momento sólo serían predios dentro de una franja no mayor de 100 metros de ancho contados a partir de la línea de propiedad en el lado frontal a la vía Transístmica, en cualquiera de sus lados.
“Sin embargo, el proyecto de ley es un ataque directo a la Ley 21 de 1997 y a la Constitución Política de nuestro país, porque busca reabrir una metodología ya antes empleada para debilitar la protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y que la Corte Suprema de Justicia en 2015 concluyó era inconstitucional”, indica la organización.
Por otro lado, sostienen que es alarmante que se acelere el trámite de esta iniciativa en medio de la crisis por Covid-19 y las restricciones consecuentes, convocando a algunos interesados a una reunión presencial en la sede de la Asamblea para darle primer debate a tan delicada iniciativa.
