América Latina y el Caribe redujo su pobreza multidimensional de 45.7% a 24.5% entre 2008 y 2023, pero el ritmo se desacelera y los avances siguen expuestos a retrocesos ante cada choque, es decir, ante cada prueba, cada desastre. Así lo planteó Michelle Muschet, directora regional del PNUD, en entrevista con La Prensa, en el marco de la Conferencia Regional sobre Pobreza “Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos”, organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe y CAF—banco de desarrollo de América Latina y el Caribe—, evento que tuvo lugar entre el 19 y el 21 de octubre.
Durante la conversación, Muschett habló de políticas multidimensionales para construir desarrollo y bienestar, de construir resiliencia antes de las emergencias como única vía para el futuro, de la insatisfacción con la democracia y del papel de la tecnología y el miedo.
El más reciente informe de la ONU nos habla de 1,200 millones de pobres y, de ellos, 33 millones están en América Latina y el Caribe. ¿Qué fallas de gobernanza y asignación presupuestaria impiden que la ayuda internacional y los recursos nacionales lleguen focalizadamente a esas áreas de bolsones de pobreza, sin diluirse en promedios o en cantidades que al final no resuelven nada?
La región alcanzó un progreso notable. Redujo la pobreza monetaria a la mitad y la multidimensional de 45.7% a 24.5% entre 2008 y 2023, por esfuerzos deliberados de política y con instrumentos propios: ya en los 1970 y 1980 exploraba las necesidades básicas insatisfechas. Esas herramientas llegaron a un punto de estancamiento, la reducción se desaceleró y los avances son vulnerables a retrocesos ante los choques, como ocurrió con la pandemia.
Por ello, hoy los desafíos son: devolver la pobreza al debate público, porque lo que no está allí difícilmente se vuelve una prioridad con recursos; profundizar y desagregar la evidencia sobre los perfiles de pobreza (urbano y rural, mujeres, niñez y adolescencia) en una era de incertidumbre y choques recurrentes; proteger los avances logrados con resiliencia, y atender no solo a la cuarta parte de la población en pobreza, sino también al tercio que está en situación de vulnerabilidad.
En esa medida, ¿podemos hablar de cuellos de botella estructurales que estén afectando ese despliegue de infraestructura básica para abordar todos los temas de la pobreza multidimensional?
Más que cuellos de botella, se trata de traducir la pobreza multidimensional en políticas multidimensionales. Salir de la pobreza no depende de una intervención aislada, como la vivienda, sino de acceso a salud, servicios básicos, educación y empleo, y eso exige conectar la cartera social con la económica, laboral y productiva. Las privaciones varían entre regiones y poblaciones, así que hay que priorizar según su composición e intervenir de manera articulada. Por ejemplo, la pobreza urbana (hacinamiento, volatilidad de precios) difiere de la rural: la mayor parte de los pobres vive en zonas urbanas, pero las tasas son más altas en las rurales. Esto pide políticas diferenciadas, y aplica a Panamá y a toda la región. Hay que revisar y profundizar los instrumentos existentes, poniendo la resiliencia al centro.
¿En qué medida la actualización de la cantidad de pobres habla de muy pocos países de la región que actualizaron sus cifras? ¿En qué medida esa utilización de cifras que no son reales, por decirlo así, puede estar ocultando que la crisis sea mayor?
El índice global mide pobreza aguda, y la región, con una menor proporción de ella, no resulta representativa en el informe. Eso no significa que la región carezca de herramientas. Es pionera en adoptar mediciones multidimensionales oficiales, complementarias a las de ingreso (desde 2010). Los países las actualizan con encuestas de hogares anuales o bianuales, y no son comparables entre sí porque cada una refleja prioridades nacionales. Los informes globales sí permiten comparar. Información hay. Revisar si informa bien las políticas y si estas tienen recursos varía de país a país es una tarea que también es diferenciada de país a país, y para los países sin medición propia, el PNUD y la CEPAL desarrollaron un índice regional. Así que, la región está equipada con herramientas, y algunas estrategias están agotadas porque ya dieron su resultado pero estoy optimista porque hoy hay más personas educadas, con acceso a salud y mayor esperanza de vida que nunca y eso es producto de un esfuerzo claro y concreto. Recuerda que las transferencias condicionadas nacieron en México y se replicaron en Brasil y el resto de la región, pero hoy solas no bastan. Si se reactiva la capacidad de innovación en política pública y aprendemos las lecciones, la región puede liderar a nivel global.
En materia de desastres y resiliencia, la región ha estado muy golpeada. ¿Qué incentivos políticos, digamos que de corto plazo, y cómo hacemos para priorizar esas respuestas de prevención en vez de las que hacemos post-eventos?
El desarrollo sin resiliencia ya no es viable en la región. En la pandemia, la región tuvo la mayor pérdida de desarrollo humano del mundo y fue la que más tardó en recuperarse. También sabemos que habrá choques previsibles (El Niño) y no previsibles (un terremoto), por tanto, hay que poner la resiliencia en el centro. Hay que reconstruir mejor, no solo volver al punto anterior. La evidencia muestra que anticipar funciona: ante El Niño, las transferencias anticipadas dan mejores resultados que las generalizadas después del choque. La resiliencia requiere acciones de mediano y largo plazo, que trascienden a los gobiernos individuales y exigen compromisos de Estado, visión de largo plazo y consenso ciudadano.
¿Y cómo hacemos para llegar a eso? ¿Será posible que como región articulemos para atender esas necesidades y llegar a esas soluciones de forma más rápida?
Vuelvo al optimismo con fundamento: Panamá recibió ministros de más de 20 países que priorizaron el encuentro para intercambiar, aprender y cooperar. La resiliencia puede ser un elemento unificador, porque los desafíos trascienden fronteras, y organismos como el PNUD ayudan a escalar las soluciones y a acompañar su implementación. La misma lógica aplica a nivel nacional: retomar los debates públicos permite lograr un consenso mínimo sobre una visión de Estado. La democracia es un activo de la región, imperfecta y en consolidación pero con profunda vocación democrática, y generar bienestar fortalece su legitimidad. Esta discusión parte de la dignidad humana y debería ser razón suficiente para priorizar el tema, pero además está profundamente vinculado al futuro del desarrollo y de la democracia.
Ya que habla de democracia, el informe más reciente de Latinobarómetro nos dice que el 73% de los latinoamericanos perciben que el Estado hace poco o nada por sus familias y que la satisfacción con servicios como salud, justicia y educación siguen desequilibradas. ¿Es posible recomponer la confianza en el sistema democrático mediante reformas institucionales sin antes resolver la incapacidad operativa del Estado para entregar esos bienes tan esenciales para la humanidad?
La insatisfacción ciudadana es real: la ciudadanía no se equivoca. El informe propone mirar de forma interconectada la democracia, el desarrollo y el Estado, entendido como un Estado presente en el territorio y no solo como gobiernos. La legitimidad democrática viene de generar mejoras tangibles en el bienestar. Creo que eso es posible: la consolidación democrática previa (el Caribe tras la descolonización, América Latina tras las dictaduras) muestra que con voluntad colectiva se logra progreso, aunque imperfecto e incompleto. El llamado es a convertir la presión actual en un impulso de renovación democrática, y esta es una tarea de todos los sectores. Y parte de esto lleva al PNUD a revisar su oferta para habilitar espacios de diálogo y acompañar a las instituciones a renovarse, a tener capacidad anticipatoria. La insatisfacción no debe confundirse con querer cambiar el sistema: quienes están más insatisfechos son quienes lo han defendido en la calle; sus reclamos son por más y mejor democracia.
¿Cómo están influyendo las agendas mediáticas, las redes sociales y el discurso político en la amplificación del miedo? ¿Y de qué forma las democracias pueden combatir el delito sin traspasar las garantías?
Nuestros dos informes analizan presiones nuevas, entre ellas la rápida transformación tecnológica y la rápida adopción de la inteligencia artificial, que son a la vez presión y válvula de escape. Como presión, transforman el espacio cívico, distorsionan el ecosistema informativo y profundizan la polarización política, que en la región aumentó más que en cualquier otra en las últimas dos décadas. Como oportunidad, amplían la participación y el alcance. El desafío es crear mecanismos de gobernanza para aprovecharlas, y muchos gobiernos ya las usan para ganar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Sobre el miedo, es una de las principales amenazas al desarrollo humano: impide actuar y tener esperanza, limita libertades y capacidades, y afecta la participación democrática. En la incertidumbre, contar con capacidades y activos mínimos es indispensable y esencial para construir resiliencia.
