Más de $2 millones destinó el Gobierno para asesorías en materia de transporte público, que van desde la adquisición de las acciones de la empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (Mi Bus) hasta un análisis del sistema.
El primer contrato, para una asesoría legal, fue otorgado por el Ministerio de la Presidencia mediante procedimiento excepcional a la firma Arias, Fábrega & Fábrega por la suma de $588 mil, para el “acompañamiento durante todo el proceso hasta el cierre final de la potencial compra [de las acciones de Mi Bus], que pudiese tardar 14 meses”.
El segundo contrato fue adjudicado a MBA Lazard Latin America, S.A. por $1.6 millón, para que brinde el servicio de asesoría financiera y de coordinación en el proceso de análisis de concesión y operación del actual sistema de transporte.
La Secretaría de Comunicación del Estado explicó que, en el caso de la firma de abogados, fue la escogida entre cinco interesadas “por su experiencia y competitividad de sus honorarios y propuesta”.
Se informó que la comisión presidencial de transporte solicitó en octubre de 2014 propuestas a asesores financieros, legales, contables y técnicos para apoyar en el proceso.
Para excontralores como Alvin Weeden y Carlos Vallarino es inquietante la forma como se gasta el dinero del Estado.
Según Weeden, en Panamá hay buenos profesionales dentro de las entidades que pueden hacer ese trabajo sin necesidad de contratar un servicio externo.
Mientras, Vallarino destacó que para ser transparente lo ideal es hacer un acto público o solicitarle apoyo a organismos para que hagan recomendaciones.
Aunque el Gobierno afirmó que no habrá indemnización a Mi Bus, sino que el Estado adquirirá sus acciones, Luis Torres, del Movimiento 23 de Octubre, opinó que se ha dado mucho dinero a la empresa y el servicio aún es un problema.
