Cada año, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realiza millonarios desembolsos en concepto de los programas de transferencia monetaria condicionada, pero de momento no hay una evaluación técnica sobre los resultados de esta ayuda social, en cuanto a erradicar la pobreza.
Los datos de esa entidad precisan que en los últimos dos años, es decir 2021 y 2022, se asignaron montos por unos $448 millones para el pago de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián. Por ejemplo, el año pasado se otorgaron $224 millones y este año se espera que cierre con la misma cifra.
De hecho, de enero a septiembre de 2022 se habían desembolsado unos $168 millones, pero a eso hay que sumar cerca de $56 millones adicionales, que corresponden al último trimestre (octubre, noviembre y diciembre). En total, los beneficiarios de estos tres programas son 191 mil personas.
Durante la sustentación de su presupuesto para 2023, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, subrayó que para el próximo año requerirán $229 millones para los programas, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó $220.1 millones.
Según Castillo, se trabaja en la actualización de los beneficiarios y se puso en marcha un registro nacional para saber quiénes reciben los subsidios, ya que eso permite conocer mejor el perfil del beneficiario y sus vulnerabilidades. En otras palabras, pasaron de los expedientes en papel a los registros digitales.
En su comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la ministra reconoció que después de varios lustros de la puesta en marcha de estos programas, no se han medido los resultados y no hay informes técnicos que sustenten los desembolsos.
En ese contexto, detalló que 30 mil 300 beneficiarios fueron encuestados, para conocer el impacto de los programas en sus vidas. Sería la primera vez que se hace una “verdadera evaluación” de esta ayuda social. Los resultados de la encuesta supuestamente serán dados a conocer este mes.
Precisamente, uno de los principales reclamos de varios sectores del país es que la continuidad de estos programas debe ser evaluada, ya que no son sostenibles en el tiempo.
A juicio de Juan Gabriel González, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), estos programas deben ser analizados; de lo contrario, se estaría creando una sociedad dependiente.
“Los subsidios deben enfocarse en temas puntuales y deben tener una fecha de vencimiento. Los subsidios no deben volverse una forma de vida para la población, ya que con el tiempo se hacen insostenibles”, puntualizó González.
En palabras del empresario, lo que realmente necesita el país son empleos dignos, para que la población pueda tener oportunidades, ante los desafíos que se generan.
Los subsidios son una herramienta de los gobiernos para intentar lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza, rumbo al año 2030, pues el índice de pobreza multidimensional nacional dado a conocer el año pasado indica que aún el 19% de la población panameña vive en hogares multidimensionalmente pobres, lo que representa a casi 2 de cada 10 panameños.
