Unos 350 niños, niñas y adolescentes en todo el país han quedado desamparados, luego que sus madres fallecieran de forma violenta.
Estadísticas del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, adscrito a la Defensoría del Pueblo, dan cuenta de esta realidad. Incluso, señalan que muchos de estos infantes carecen de la atención y seguimiento para superar las secuelas del trauma.
Tomás Vásquez, psicólogo de la Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría, precisó que entre 2009 y 2013 se reportaron las muertes violentas de 317 mujeres en Panamá y 168 de ellas, es decir un 53% tenía hijos.
Vásquez apunta a dos aspectos importantes sobre los datos que manejan.
El primero es que las cifras, en algunas ocasiones, surgieron de los reportes que hacen los medios de comunicación, ya que antes de 2013 no había ninguna instancia de Gobierno que registrara estos casos y tampoco se había tipificado el feminicidio como delito.
A la vez, explicó que después de aprobada la Ley 82 de octubre de 2013, la cual tipifica el feminicidio, la Defensoría optó por ceder el tema de las estadísticas al Ministerio Público.
Agregó que esa entidad desconoce la suma exacta de menores que han quedado huérfanos entre 2014 y lo que va de 2015, debido a que “no en todos los casos se está aportando esa información”. Aunque aclaró que están haciendo las consultas con las fiscalías para levantar esos datos y actualizarlos.
SISTEMA DEFICIENTE
Para las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres, el seguimiento a estos casos por parte de las instituciones estatales es “muy deficiente”.
Joyce Araujo, presidenta de la Fundación para la Equidad de Género, manifiesta que “no hay una política de Estado para ayudar en la suerte de esos niños”.
Araujo subrayó que la realidad es que el Estado no da seguimiento ni apoyo a esos niños y niñas, que vivirán con un trauma psicológico a raíz del hecho violento contra sus madres.
“Por el contrario, son distribuidos con la familia, generalmente de la víctima o son enviados a albergues”, puntualizó la activista.
Por su parte, Juana Camargo, socióloga y miembro de la organización Espacio Encuentro de Mujeres, manifestó que aunque en el país existe una legislación para la protección de las víctimas del delito (Ley 31 de 1998), ahora mismo no se asignan los fondos para hacerla cumplir. “Eso deja a las instituciones huérfanas de recursos para aplicarla”, acotó.
Sobre la condición de los menores después de experimentar la pérdida de su progenitora, Camargo explica que ese hecho “puede provocar trastornos en el comportamiento de la persona”.
En ese sentido, argumentó que los sentimientos de pérdida pueden afectar la personalidad, a tal punto que lleva al individuo al aislamiento y conductas que les impide su desenvolvimiento sano en la sociedad.
Incluso, planteó que la falta de atención puede provocar que terminen vinculados a pandillas.
En conclusión, la socióloga plantea que la vida de estos menores “se sume en un entorno de vulnerabilidad y de riesgo social”.
ATENCIÓN EMOCIONAL
Esmeralda de Troitiño, exjueza de Niñez y Adolescencia y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del 1 de enero de 2016, señala que el primer procedimiento en estos casos es hacer una evaluación sobre la parte física, emocional y mental de los menores afectados.
Luego manifiesta que se debe buscar a los familiares más cercanos, para que alguno asuma la responsabilidad y los infantes también se sientan cómodos.
Por otro lado, apunta a la necesidad de hacer una “investigación profunda” sobre el registro nacional que se lleva de estos menores.
También recomendó dejar claro cuáles son las instituciones que deben asegurar a estos menores una expectativa de vida lo “más adecuada” posible y que sus derechos como niños no sean vulnerados.
POCOS DATOS
La directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Idalia Martínez, reconoció que la institución no maneja cifras al respecto, “ya que los hijos que sobreviven generalmente tienen alternativas de familiares que asumen su cuidado” y no requieren ser llevados a albergues.
Sobre la atención que reciben estas segundas víctimas del feminicidio, señaló que Senniaf tiene un programa de protección contra el abuso y la violencia, el cual consiste en asistencia psicológica y social a los afectados de cualquier modalidad de violencia y abuso.