Panamá, Colombia y Costa Rica firmaron una declaración tripartita, en la que solicitan con urgencia la creación de una comisión para solicitar formalmente a Estados Unidos, la inclusión de políticas de atención a los flujos migratorios en la agenda política de ese país norteño, con un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos.
La declaración fue firmada por los defensores del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, y de Colombia, Carlos Camargo, así como la defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank, en el marco de la XXVIII Asamblea de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), que tiene lugar en Colombia.
El documento de la declaración destaca que en las comunidades receptoras de personas migrantes se ha detectado deserción escolar de niños, niñas y adolescentes, así como una grave afectación al ambiente, producto de la huella humana, causante de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación de fuentes hídricas, lo que trae consigo problemas de salud.
Leblanc explicó que hay que ver qué está pasando en el país de origen de los migrantes: cuál es su situación económica o sociopolítica, para entender por qué se ha dado este fenómeno y cómo hacerle frente.
Desde enero de 2023, según registros del gobierno panameño, 413 mil migrantes provenientes del sur del continente americano con dirección al norte, han cruzado la selva del Darién.
