El informe preliminar de Panamá ante la 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunció la utilización de acciones judiciales en contra de periodistas y medios panameños como medidas de intimidación, amenaza y para promover la autocensura.
Durante el evento que se realiza del 19 al 22 de octubre, de forma virtual, los países miembros de la SIP presentaron sus informes, del último semestre, sobre la situación actual del periodismo y la libertad de expresión y comunicación que se ve amenazada y censurada por agentes externos.
El informe de Panamá cita que durante ese período se mantuvo la falta de acceso a datos sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia, en desconocimiento las obligaciones que demanda la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Se mencionó que en agosto pasado, el Ministerio de la Presidencia aprobó la Resolución 71, que declara información de acceso restringido a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o del vicepresidente. Estos documentos no se podrán divulgar por un periodo de 10 años.
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También se alertó que las reformas al Código Electoral “descartó normas que afectaban el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión” a pesar de las protestas de la sociedad y los gremios periodísticos.
Periodistas y medios de comunicación
Entre los casos mencionados en el informe preliminar están el del comunicador Mauricio Valenzuela, del medio digital Foco Panamá, quien el 1 de septiembre fue imputado por el Ministerio Público tras la demanda de la diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez por “violencia de género”, tras publicar sobre el cuestionamiento público a la diputada en su práctica como abogada.
Otro caso es el de la periodista Flor Mizrachi, quien el 8 de julio publicó en La Prensa una investigación que dejó al descubierto una red clandestina de vacunación contra la Covid-19. Al día siguiente, Mizrachi fue amenazada de muerte a través de llamadas anónimas y amenazas en Facebook de secuestro y violación y de que conocían sus movimientos y el de su familia, añade el informe.
También señala que el pasado 13 de octubre la periodista Castalia Pascual, de TVN Canal 2, denunció que en el año 2021, el entonces presidente Ricardo Martinelli, la chantajeó para que no investigara a sus hijos, ahora presos en Guatemala y pendientes de extradición a Estados Unidos.
Pascual contó que uno de sus familiares había sido trasladado desde una granja de rehabilitación de reclusos a un centro penitenciario de máxima seguridad, sin que se supiera su paradero. Dijo que, presionada por Martinelli, quien le expresó “no te metas con mis hijos y yo no me meto con tu familia”, ella accedió a no investigar.
El documento da a conocer que de las 16 denuncias y querellas del expresidente Martinelli contra Corporación La Prensa, sus periodistas y directivos, 14 se cerraron provisionalmente. El exmandatario reclamaba un resarcimiento a su honor por 41 millones de dólares. En dos restantes, aún en proceso, el pedido de indemnización es por la suma de 5 millones de dólares.
El proceso abierto desde 2021, tras la demanda del expresidente Ernesto Pérez Balladares por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor, en contra de cuentas bancarias y activos de La Prensa por más de un millón de dólares, sigue abierto.
En el informe se deja claro que las “demandas de los funcionarios omiten que las leyes los imposibilitan de querellar penalmente por calumnia e injuria a los medios y periodistas. En el ámbito civil, la legislación permite que ante un proceso por daños y perjuicios el reclamante –sin que se haya dictado sentencia a su favor– pueda promover el congelamiento de activos de los medios demandados. Los peritos señalan que se deben establecer límites a los montos millonarios por indemnización porque son usados para intimidar y callar a medios y periodistas”.
Caso New Business
El Ministerio Público remitió a un juzgado el caso “New Business”, que investigó -basado en información remitida por la Asamblea Nacional - la forma de adquisición del grupo Editora Panamá América (Epasa), indica el documento.
Según el expresidente del grupo editorial Ricardo Chanis, el expresidente Martinelli y allegados son propietarios de Epasa, que publica los diarios Panamá América y Crítica. El Ministerio Público llamó a juicio a Martinelli y 25 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Durante la investigación se recuperaron 9.2 millones de dólares en acciones, el 30 % de la empresa, que fueron remitidas al Tesoro Nacional para el Estado. añade el informe.
Después de cuatro años de investigación se espera un proceso expedito que deslinde responsabilidades y resguarde a ese grupo editorial, señala el informe.
Fue un semestre desastroso: Canahuati
Durante la inauguración virtual de la Asamblea el presidente de la SIP; Jorge Canahuati, dijo: “lamentablemente este fue un semestre desastroso en materia de libertad de prensa. En especial, debido a la injerencia del poder político sobre los aparatos de justicia. Dos diarios emblemáticos y socios de la SIP, El Nacional de Venezuela y La Prensa de Nicaragua fueron confiscados y expropiados por sus gobiernos. Su delito fue practicar periodismo independiente”.
Agregó que “fue desastroso el semestre porque es la primera vez que dos vicepresidentes de nuestra Comisión de Libertad de Prensa e Información fueron apresados. Henry Constantín de La Hora de Cuba, por reportar sobre la protesta social a favor de libertad el 11 de julio. Y Juan Lorenzo Holmann de La Prensa de Nicaragua que, sin debido proceso y bajo cargos de lavado dinero, permanece preso desde hace más de 60 días”.
Recalcó que nueve periodistas de México, Brasil, Haití y Colombia fueron asesinados y más de 30 fueron exiliados y perseguidos por los poderes totalitarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. “Muchos otros periodistas fueron detenidos y acosados por las fuerzas de seguridad y por jueces inescrupulosos”, manifestó Canahuati.
