Las discusiones de los 172 artículos del proyecto de ley 841, “que modifica la ley y regula la adquisición de medicamentos y otros productos para la salud humana, en el sector público y dicta otras disposiciones”, finalizó en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral de la Asamblea Nacional.
El siguiente paso esta semana es revisar las propuestas y opiniones sobre el proyecto efectuadas por los diversos gremios y asociaciones, para sumarlas al documento final y aprobarlo en primer debate.
El presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral, el diputado del Partido Revolucionario Democrático Daniel Ramos, manifestó que espera que en cuestión de días, de acuerdo con la metodología de trabajo escogida, se puedan recoger las inquietudes, concluir el primer debate y llevar la propuesta al pleno de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con Ramos, el proyecto de ley fue mejorado con el aporte de todos los sectores involucrados.
De hecho, precisó que en el último bloque de discusión fueron aprobados 34 artículos nuevos, se modificaron 8 y se eliminaron otros 4.
Este proyecto surgió de una mesa técnica creada por la comisión legislativa el 5 de agosto de 2021, en la que participaron autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), Caja de Seguro Social (CSS), Dirección de Contrataciones Públicas, empresarios dedicados a la importación y comercialización de medicamentos, representantes de las organizaciones de pacientes, entre otros.
Entre las posibles modificaciones a la Ley 1 de enero de 2001 se propone incorporar al Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat) como un laboratorio de referencia, junto con el Instituto Especializado de Análisis (IEA) de la Universidad de Panamá, para la revisión de los medicamentos que se producen y llegan al país.
Según la propuesta, ambos institutos serían parte de la Comisión Técnica Consultiva del Minsa, que tiene entre sus funciones asesorar a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas en materia técnico científica para la expedición, suspensión, renovación y cancelación de registros sanitarios, cuando la circunstancias lo requieran; así como en la elaboración de reglamentos de prueba de eficacia respecto a cambios en la formulación, estudios de estabilidad de productos de biogenética, equivalencia terapéutica, estudios clínicos y cualquiera otro que la autoridad requiera.
La directora del departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Ivonne Torres Atencio, explicó que actualmente, por razones estratégicas y logísticas, algunas herramientas científicas están desarrolladas en Indicasat, por lo que IEA ha estado solicitando su colaboración.
“La colaboración entre estas instituciones para los planes que se tienen de aumentar las capacidades locales de cara a proyectos de desarrollo e investigación, no es duplicidad. Solo el tiempo nos dirá qué tan funcional es esto”, expresó Torres Atencio.
Al consultarlo sobre este asunto, el director de Indicasat, Ricardo Lleonart, manifestó que espera tener el texto definitivo del documento aprobado en primer debate para brindar más detalles sobre las funciones precisas que tendría la entidad.
Actualmente, hay tres discusiones en curso para acabar con el desabastecimiento de medicinas en el sector público de salud y abaratar los precios en el mercado local. La de Penonomé, la mesa técnica que lidera el vicepresidente Gabriel Carrizo y la que se sigue en la Asamblea. Cada mesa presenta alternativas diferentes.
