Un promedio de 18 delitos contra la libertad e integridad sexual se cometen por día en el país, según los reportes estadísticos del Ministerio Público de enero a julio de 2022.
Las cifras precisan que de un total de 3 mil 758 registrados este año, un 40% de estos se cometieron contra menores de edad, entre los que destacan delitos como proxenetismo, pornografía infantil y corrupción de personas menores de edad, entre otros.
El informe también detalla que, en términos generales, se reporta un incremento de 11% entre los años 2021 y 2022 en lo que respecta a este tipo de delitos; no obstante, cuando se evalúa específicamente a la población menor de edad, el incremento es de un 24%.
Sólo el pasado mes de julio, cinco personas fueron conducidas a los tribunales por su presunta vinculación al delito de pornografía infantil, tras una operación conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Se trató de una operación internacional denominada “Luz en la infancia”, que en el país se desarrolló de forma simultánea en las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste, de acuerdo con el Ministerio Público.
La operación fue dirigida desde Brasil y, además de Panamá, se llevó a cabo simultáneamente en Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador y Paraguay. El objetivo fue combatir los delitos de abuso y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, cometidos a través de internet, en el continente.
Alertas
Las áreas o provincias donde más se han incrementado los casos son Herrera, con 47%; San Miguelito, con 45%; Veraguas, con 34%, y Coclé, con 25%.
Ante este escenario, entidades como la Defensoría del Pueblo han hecho un llamado a establecer un plan de prevención y de protección a víctimas de delitos sexuales.
Según esa entidad, comparten el clamor de una sociedad que pide justicia y protección para sus niños, niñas, mujeres y otras personas que han sido víctimas de delitos sexuales. “Estos delitos constituyen crímenes aberrantes, frente a los cuales la respuesta del Estado debe ser efectiva, especialmente en los casos en los que la víctima es una persona que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad”, indicó la entidad.
Además, consideró como “indispensable” que como Estado se preste especial atención a las víctimas de estos delitos, ya que su recuperación depende de estrategias y acciones que les permitan acompañamiento, apoyo institucional y terapéutico y, sobre todo, protección.
