La ley que propone establecer normas de concienciación y garantizar un abordaje integral e interdisciplinario para las personas con trastornos del espectro autista ha sido vetada por segunda vez, generando debate sobre sus implicaciones y su viabilidad.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, justificó el veto al señalar que la propuesta es “inconveniente” en su forma actual, aunque reconoció el impacto creciente del autismo en el país. “Mi esposa está muy comprometida con este tema a través de su despacho, gestionando cooperación internacional y promoviendo la creación de espacios para atender los diferentes grados de autismo”, afirmó.
El mandatario explicó que, debido a la naturaleza técnica de la ley, se requiere un análisis profundo por parte de instituciones clave, como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Según Mulino, “la propuesta legislativa se inmiscuía en temas ya regulados, lo que podría generar más problemas que soluciones durante su implementación”.
En su conferencia de prensa, instó a la Asamblea Nacional a revisar el veto y realizar los ajustes necesarios. “Con mucho gusto firmaré y sancionaré la ley si es corregida adecuadamente”, aseguró.
Un veto con antecedentes
Esta no es la primera vez que una iniciativa sobre el abordaje del autismo enfrenta obstáculos. El expresidente Laurentino Cortizo vetó parcialmente el Proyecto de Ley 467 de 2020, que tenía objetivos similares, el pasado 14 de marzo. En esa ocasión, el veto se basó en recomendaciones de entidades como el Mides, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación (Meduca), el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).
Entre las disposiciones clave de la propuesta destaca el artículo 3, que declara que “los trastornos del espectro autista se consideran como una discapacidad” en el marco de la Ley 42 de 1999, sobre equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, y la Ley 134 de 2013, que establece beneficios económicos para este grupo.
Por su parte, el artículo 13 establece que “el Estado garantizará que todos los establecimientos de salud del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) cuenten con equipos, metodologías e insumos necesarios para la detección y tratamiento oportuno del autismo, así como para el abordaje integral e interdisciplinario”. Asimismo, señala que las prestaciones deben actualizarse conforme avancen los descubrimientos científicos.
La discusión sobre esta ley refleja la complejidad de desarrollar políticas inclusivas que satisfagan tanto las demandas sociales como los criterios técnicos. Mientras el veto presidencial enfatiza los riesgos de conflictos normativos, las familias y organizaciones que apoyan a las personas con autismo siguen esperando una respuesta efectiva que garantice su bienestar y derechos.
