La investigación por la grabación de un video musical en un local de San Felipe, en el que aparecen el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y el exboxeador Roberto Durán, entre otros, aún continúa.
Así lo dio a conocer, este martes 13 de octubre, el titular de la cartera de Salud, Luis Francisco Sucre.
El ministro dijo que la información del caso está siendo manejado por la Dirección Regional de Salud Metropolitana, a cargo de Israel Cedeño, y de la Dirección General de Salud Pública.
Sin embargo, “sé que se amonestó o se iba a amonestar tanto al dueño del local como a los que estuvieron presentes en ese bar”. “La certeza es que se le va a amonestar a todos”, enfatizó Sucre, en declaraciones a TVN Noticias.
Agregó que, como parte de la investigación, se están verificando los nombres de otras personas “no tan conocidas” que posiblemente se encontraban en el lugar, además de las “personalidades que lamentablemente estaban incumpliendo” con las medidas dispuestas por las autoridades.
“Las autoridades sanitarias tendrán que hacer lo que corresponde e imprimir las sanciones”, puntualizó.
El proceso de investigación empezó el 21 de septiembre pasado. El director de la Región Metropolitana de Salud dijo, en ese momento, que no había registro de que el dueño del local o el productor del video (el instagramer Juan Pablo Barceló) solicitaran el permiso respectivo exigido por el Ministerio de Salud (Minsa), en medio de las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación de la Covid-19.
Cedeño ha señalado también que para realizar este tipo de actividades se debe contar con una autorización del Minsa, similar a las que ya han sido expedidas a favor de varios canales de televisión, que realizan concursos y otros programas con público.
El Decreto Ejecutivo 961 del 18 de agosto de 2020, los directores de subcentros, centros y policentros de salud, así como de los Minsa-Capsi, podrán imponer multas de 10 a 500 dólares, a quienes incumplan las medidas de restricción a la movilidad, de uso obligatorio de la mascarillas o se resistan a realizarse la prueba de diagnóstico de la Covid-19. Igualmente, podrán sancionar a quienes celebren reuniones no autorizadas por el Minsa, burlen los cercos sanitarios u operen establecimientos comerciales no autorizados.
Dependiendo de la gravedad administrativa o reincidencia, el caso podría ser transferido a la Dirección Regional de Salud o a la Dirección General de Salud Pública. Esta última instancia está facultada para imponer multas de hasta $100 mil.
