Más de 15,000 expedientes de protección de niños, niñas y adolescentes están abiertos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que cuenta con 334 funcionarios para atender los casos en todo el país.
La cifra se conoció durante la sustentación del presupuesto de la Senniaf ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde los diputados cuestionaron la cantidad y distribución del personal encargado de atender los casos de menores de edad.
El diputado de Cambio Democrático (CD), Carlos ‘Tito’ Afú, preguntó a la directora de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas, cuántos funcionarios técnicos necesita la institución para atender los expedientes de protección.
Cárdenas respondió que requiere 150 técnicos más y que actualmente la institución no cuenta con el presupuesto para incorporarlos.
Los expedientes de protección pueden requerir visitas domiciliarias, evaluaciones familiares, informes, participación en audiencias y seguimiento después de que un menor es reintegrado a su familia.
Cárdenas asumió la dirección de la Senniaf en marzo pasado, luego de un periodo de inestabilidad y cuestionamientos a la gestión de la institución. Fue designada por el presidente José Raúl Mulino el 6 de marzo y ratificada por la Asamblea Nacional días después. Su llegada se produjo en un contexto de cuestionamientos previos sobre la atención de niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal.
24 abogados apoyan los procesos de protección
Los 24 abogados de la Senniaf no se limitan a representar a la institución en las audiencias, explicó Cárdenas.
También participan en los procesos de restitución familiar y en la elaboración de informes junto con trabajadores sociales y psicólogos.
“Tenemos más de 15,000 expedientes abiertos en este momento”, dijo la directora durante la sustentación.
La información presentada ante la comisión no incluyó el detalle sobre cuántos de esos expedientes corresponden a cada tipo de vulneración, tampoco el desglose por provincia ni por etapa del proceso en que se encuentra.
Para 2027, la Senniaf solicitó 90 nuevas plazas para reforzar la atención en centros, oficinas regionales y otras unidades de la institución.
Cárdenas explicó que las plazas son para incluir personal técnico, legal, operativo y administrativo, y que la solicitud fue planteada de manera conservadora debido a las restricciones económicas.
De hecho, esas 90 posiciones no incluyen las 150 plazas técnicas que dijo necesitar, y aún con ellas —agregó— “no es suficiente”, la institución podría funcionar solo de manera “moderada”.
Durante la sustentación, Cárdenas respondió preguntas de los diputados sobre casos específicos. Ante uno de esos cuestionamientos, explicó que la legislación obliga a mantener la reserva y confidencialidad de la información relacionada con los menores.
Chong cuestiona la distribución del personal
La diputada Yamirelis Chong planteó que la Senniaf debe revisar no solo la necesidad de contratar más personal, sino también cómo están distribuidos los funcionarios que ya tiene.
Chong señaló que mientras las áreas administrativas cuentan con personal, las oficinas regionales y los centros que atienden directamente a los menores necesitan especialistas para dar seguimiento a los casos.
Solicitó que las nuevas plazas se concentren en las áreas que tienen contacto directo con los niños, niñas y adolescentes y que dan seguimiento a sus expedientes.
