En Tonosí, Rufino Corrales mide los días después del terremoto por las necesidades que no ha podido resolver. Su hermano, Erick Corrales, tiene parálisis cerebral: no habla, no camina y necesita medicación permanente, pañales y una silla de ruedas.
Su madre, Eneida Domínguez, es una adulta mayor. Los tres intentan sobrellevar una emergencia que dejó su vivienda agrietada y los obligó a improvisar un refugio que no ofrece las condiciones necesarias para protegerlos. “Excesivamente difícil, excesivamente difícil”, repite Rufino al describir lo que vive su familia desde el sismo del 9 de octubre.
Rufino agradece la ayuda que ha recibido de particulares, pero enumera lo que todavía les hace falta: pañales para su hermano, una silla de ruedas y una carpa en mejores condiciones. El refugio improvisado no los protege de la lluvia y los obliga a estar pendientes de cada cambio del tiempo. Mientras tanto, los temblores continúan y las grietas de la casa mantienen la incertidumbre sobre su seguridad.
La falta de agua y electricidad agravó una situación que ya era difícil. Durante tres días, cuenta Rufino, la familia permaneció sin ambos servicios, lo que complicó las tareas de higiene y el cuidado de Erick.
El calvario
Sin suficientes pañales y con dificultades para lavar, atender las necesidades básicas de una persona que depende de otros se convirtió en una carga adicional. Los alimentos que llevaron algunos particulares les permitieron resolver, al menos temporalmente, otra urgencia. Sin embargo, esa ayuda no cubría las necesidades permanentes de su hermano ni garantizaba las condiciones mínimas que requiere una familia con una persona con discapacidad y una adulta mayor.
La lluvia terminó de evidenciar la fragilidad del refugio. Una noche, cuando volvió a llover, la carpa improvisada dejó de ser una alternativa viable y la familia tuvo que trasladarse a otro lugar.
Rufino describe el traslado como una decisión forzada, tomada bajo una presión que se suma al temor de regresar a una casa con numerosas grietas. Quedarse fuera significa exponerse a la lluvia; volver implica convivir con la duda sobre la seguridad de la estructura. Ninguna de las dos opciones les ofrece la tranquilidad que necesitan, y cada nuevo sismo prolonga la incertidumbre.
“Había un momento en que me he sentido impotente”, admite Rufino, quien asegura que le pide a Dios fuerzas para no sucumbir al estrés. Se considera un hombre valiente, criado en Tonosí, pero reconoce que la magnitud del desastre y la falta de apoyo han puesto a prueba esa fortaleza.
Su preocupación no termina en encontrar un lugar donde dormir: debe garantizar los cuidados de Erick y acompañar a su madre mientras intenta proteger a ambos.
Los números
El terremoto del 9 de octubre dejó a 1,194 personas con discapacidad entre la población afectada por los sismos en Panamá, según el balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), elaborado con datos recopilados entre el 9 y el 19 de octubre.
La cifra forma parte de un registro de 9,124 viviendas evaluadas y 29,952 personas contabilizadas en las zonas afectadas. Detrás de esos números hay una dificultad adicional: enfrentar una emergencia en comunidades donde las casas quedaron dañadas, los caminos presentan afectaciones y la movilidad puede convertirse en un obstáculo para quienes necesitan asistencia o condiciones específicas para desplazarse.
En el grupo de viviendas con daño total, Sinaproc contabilizó a 290 personas con discapacidad entre las 7,430 personas asociadas a las viviendas evaluadas con pérdida total.
De hecho, la Teletón 20-30 realizará este sábado 24 de octubre una jornada extraordinaria de recaudación para construir viviendas destinadas a familias que perdieron sus hogares por el terremoto, con prioridad para aquellas donde vive una persona con discapacidad.
La iniciativa, denominada Un país, una meta, contempla casas de 43 metros cuadrados, con un costo estimado de $19,000 cada una y diseños adaptados para facilitar la accesibilidad. La actividad se desarrollará de mediodía a medianoche en el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, y los fondos recaudados estarán sujetos a fiscalización de la Contraloría.
La reconstrucción de Azuero no solo tendrá que levantar paredes; también deberá considerar a quienes enfrentan mayores barreras para salir de una vivienda dañada y encontrar un lugar seguro.
