Una jornada de capacitación a los miembros de la nueva junta técnica evaluadora de la Universidad de Panamá (UP), impartió este jueves 15 de abril sobre los principios legales para el correcto manejo de los fondos y bienes del Estado.
El magistrado Rainier Del Rosario Franco, dijo que el propósito de este encuentro denominado: “La responsabilidad del servidor público como comisionado en un proceso de selección de contratistas, a la luz de la Jurisdicción Penal”, se da en cumplimiento a la función preventiva que adelanta la entidad, con lo cual se divulga a los funcionarios los fundamentos institucionales, las competencias y los principios básicos del Tribunal de Cuentas.
Durante la capacitación, con la cual el Tribunal reactivó su proceso de “justicia preventiva”, el magistrado explicó a los funcionarios la responsabilidad de los integrantes de las comisiones verificadoras y evaluadoras de las licitaciones públicas, a raíz de la última reforma a la Ley de Contrataciones Públicas.
También les habló de los elementos particulares de ambas comisiones y las violaciones a la norma, entre otras, falta de idoneidad, inasistencia, incumplimiento del procedimiento, falsedad y error en el informe.
Del Rosario instó a los participantes del encuentro conocer los Manuales de Procedimiento de la UP para evitar procesos en la jurisdicción de cuentas, que actualmente tramita 256 casos de lesión patrimonial contra 2,340 funcionarios y empresarios, por un monto cercano a los 280 millones de dólares.
El magistrado dijo que es responsabilidad del Tribunal de Cuentas recordarle a los directores y jefes de instituciones la capacitación de los funcionarios, pero son ellos los que deben solicitarles la realización de los encuentros..
Según el Tribunal, desde el 2015 y hasta la llegada de la pandemia por la Covid-19, se había capacitado a más de 5 mil funcionarios, entre ellos ministros, viceministros, directores regionales de los Ministerios de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Economía y Finanzas, Gobierno, Cultura, Trabajo y Desarrollo Laboral, Ambiente, Aduanas, y Migración.
También de la Lotería Nacional de Beneficencia, Registro Público, Carrera Administrativa, Ampyme, embajadores, cónsules y a directivos de universidades públicas y privadas.
