El 28 de marzo de este año, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que el gobierno nacional “ya tiene el proyecto de contrato ley que será presentado a la empresa Minera Panamá” y agregó que, una vez firmado por ambas partes, será enviado a la Asamblea Nacional, según un comunicado de prensa del Ministerio de la Presidencia.
De acuerdo con lo detallado, lo aceptado por las partes consistía en un pago de 375 millones de dólares al año, que incluía las regalías mineras y los impuestos que serían aplicados a la explotación de los recursos minerales panameños.
Según lo planteado por el mandatario, el 50% de los ingresos sería destinado a fortalecer el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), repartido así: un 20% se destinaría a mejorar la pensión de unos 110 mil panameños que perciben pagos mensuales inferiores a 350 dólares; un 25% se emplearía en una combinación de proyectos para mejorar la calidad de vida en los distritos cercanos a la minera, y el 5% restante se destinaría a financiar un instituto dedicado a mejorar la formación de los docentes de la educación pública panameña.
Transcurridos cinco meses desde el anuncio presidencial, el gobierno se ha mantenido en silencio total sobre el cierre de la negociación y cuándo se presentará el contrato ley a la Asamblea Nacional, entidad que solo puede aprobarlo o rechazarlo, pero no modificarlo.
En esos cinco meses, la minera ha seguido trabajando y el único pago que hace al país es el de una regalía del 2%, sobreviviente del contrato ley original.
En un fallo del 21 de diciembre de 2017, el pleno del máximo tribunal de justicia panameño declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 de 25 de febrero de 1997, entre el Estado y la empresa Minera Petaquilla, S.A. Por los siguientes cinco años, la minera siguió en actividades gracias a la generosidad del Estado panameño. A partir de su actividad de exportación, la empresa solo ha pagado el 2% de regalía al Estado, fundamentada en un contrato inexistente jurídicamente.
Si lo declarado por el presidente de la República el 28 de marzo de este año se hubiese concretado, la empresa minera estaría pagando al Estado 31 millones 250 mil dólares mensuales, que en los cinco meses transcurridos desde que Cortizo hizo el anuncio, representan 156 millones 250 mil dólares que ha dejado de percibir el Estado. Si el proyecto de contrato ley no se presenta a la Asamblea Nacional este año, Panamá habrá dejado de percibir 281 millones 250 mil dólares.
El 13 de enero de este año, el gobierno le dio un ultimátum público a Minera Panamá, luego de cuatro meses de negociación entre equipos de muy alto nivel de ambas partes.
Según un comunicado del 17 de enero pasado de la canadiense First Quantum Minerals Ltd. (que controla la minera en Donoso), “Minera Panamá comprende los términos generales planteados por el Gobierno Nacional de Panamá, a la vez que considera razonable un aporte anual mínimo de 375 millones de balboas por parte de la mina Cobre Panamá. En ese sentido, aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional, a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto”.
