Los actos violentos con saldos fatales de los últimos días, en medio de las protestas contra la minería, han llevado a varios sectores a pedir un alto a la violencia y que se respete el derecho al libre tránsito.
Una de las situaciones trágicas se dio este martes cuando un hombre mató con un arma de fuego a dos educadores que protestaban en el sector de Chame, provincia de Panamá Oeste.
“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome acciones de protección a la vida y la propiedad de los ciudadanos, y castigue aquellos que sin ninguna razón siembran el caos y promueven la confrontación”, resaltó Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
El gremio empresarial condenó la muerte de los educadores producto de la violencia injustificada e hizo un llamado a encontrar la vía del diálogo.
Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo GIl, le envió una carta al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, para que indique las medidas que está tomando esta institución para garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos.
“No hemos visto acciones directas, por parte del Estado, para afrontar esta situación que tanto daño le hace a la institucionalidad democrática, a la convivencia ciudadana, así cómo a la salud pública y al desarrollo social de Panamá”, se plasma en la carta.
El movimiento Jóvenes Unidos por la Educación, hizo un llamado en este momento crítico a la reflexión, la tolerancia y a la cordura.
“Unámonos en un compromiso conjunto para garantizar la protección y seguridad de todos los ciudadanos, y en especial de aquellos que dedican sus vidas a educar y forjar el futuro de nuestras generaciones”.
En tanto, la Defensoría del Pueblo recordó que como lo establece el artículo 17 de la Constitución, el Gobierno Nacional está instituido para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren, así como asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales.
