2006 fue un año que el sistema de salud panameño tendrá registrado en los anales de su historia como uno de inflexión. Una serie de muertes precedidas por un cuadro que incluía parálisis y falla renal puso a prueba la capacidad de respuesta ante un hecho sin precedentes.
Los pacientes afectados tenían, en su mayoría, más de 60 años y presentaban comorbilidades que se podían asociar con los síntomas y en sus hogares no había contagios secundarios, por lo que la causa era incierta. El pánico hizo presa del país.
La alerta
La alarma sonó cuando el registro de los casos llegó a 23, todos en hospitales estatales. No obstante, la investigación permitió conocer que semanas o meses antes otras personas llegaron al hospital con cuadros similares y fallecieron. De hecho, en un documento relativo al proceso judicial —que lleva la firma del entonces procurador de la Administración, Rigoberto González— se consignó como antecedente que “entre los años 2004 y 2006, un número determinado de personas fue expuesto al uso o consumo de medicamentos contaminados con dietilenglicol”, lo que da fuerza a la idea de serían muchos más y que la cifra real de muertos y afectados no se conocerá.
La cifra oficial de personas muertas por esta causa es 800. En el mundo, el caso de Panamá es uno de los tres con más víctimas en 80 años.
La investigación epidemiológica
Dos pacientes, uno de más de 60 y otro en sus 90 años fueron la clave para despejar la incógnita. El primero entró al hospital de la CSS para una cirugía y se enfermó estando allí, y el segundo, llegó a un hospital privado, con los síntomas. ¿Qué tenían en común? Ambos tomaron para el resfriado el jarabe para la tos elaborado por el laboratorio de medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS), que resultó contaminado con dietilenglicol.
Habían pasado 11 días de investigación epidemiológica intensa, que incluyó la llegada de un equipo del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta.
En el Centro Especial de Toxicología de la ciudad de Panamá y sus centros en el interior del país se atienden 1,500 personas y, a la fecha, de 472 demandas que pretenden una indemnización del Estado solo 63 han sido resueltas –a la fecha–, todas a favor de los demandantes, a los cuales el Estado deberá indemnizar con $25 mil.
Néstor Sosa, médico que ejercía como jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la CSS al momento que estalló la crisis, fue el encargado de liderar al equipo que efectuó la investigación científica. Hoy, mirando en retrospectiva lo sucedido señala que él nunca había visto el sistema de salud panameño funcionar tan eficientemente como en ese octubre de 2006, pero que fue muy difícil gestionar la crisis, sobre todo durante esos 11 días que tardaron en descubrir qué era lo que causaba el mal.
Una vez descubierta la causa y cuánto habían ingerido los pacientes nos concentramos en salvarlos, en buscar un tratamiento médico, afirma Sosa. Sin embargo, seguían preocupados por cuántos pacientes más llegarían. “Además de atender a los pacientes y tratar de salvarles la vida, era consolarlos [...] llegaban uno tras otro”, recordó Sosa.
Sobre el detonante de la crisis, el investigador radicado en Estados Unidos señala que se conjugaron varios factores, uno de ellos, que no se aplicaban todos los controles de calidad que se requieren a la hora de producir medicamentos. Señaló que en el caso de la glicerina incluso existía una advertencia que indicaba que debía investigarse más a fondo. “Las falencias que tenía en ese momento la farmacia que preparaba los medicamentos [se sumaron] al problema de comprar a un proveedor que tú realmente no conoces y que puede incluso mentir con tal de ganar un par de dólares más”, apuntó.
El informe global ‘Medicamentos contaminados e integridad de la cadena de suministro de excipientes farmacéuticos’, presentado en julio de 2025 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el caso de Panamá y al hacer el resumen señala que el análisis del medicamento para la tos reveló una contaminación (8%) de DEG “que equivale a 80 veces el nivel permitido” y que la supuesta glicerina adquirida en Panamá “estaba contaminada con 22% de DEG, lo que equivale a 220 veces el nivel permitido”.
El informe califica como conductas criminales las acciones que involucran a todos los actores en esta crisis (fabricante del químico, intermediarios, fabricante farmacéutico y las jurisdicciones), siendo ellas: dos cambios al COA (certificado de análisis), que es el documento técnico legal que contiene el nombre del producto, el código, el número de lote, así como fecha de fabricación, de análisis y reanálisis o vencimiento, entre otros aspectos; un reetiquetado de los tambores que contenían la glicerina; una extensión de la fecha de vencimiento; y que hubo “cero” pruebas por parte del intermediario o usuario final de los excipientes para detectar impurezas.
Sobre el proceso judicial en China, el reporte internacional destaca que las autoridades regulatorias de salud concluyeron que no tenían facultad para procesar al fabricante ni al distribuidor de la glicerina, ya que ninguno estaba autorizado para fabricar o comerciar productos farmacéuticos.
La mirada forense
Un aspecto que poco se menciona al hablar de esta crisis sanitaria es el papel que jugó la medicina forense. José Vicente Pachar Lucio, quien era el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense (Imelcf) del Ministerio Público dijo a La Prensa que la dificultad más grande que afrontó en aquella crisis fue que el Instituto no contaba con morgue propia y el laboratorio de Toxicología Forense tenía múltiples carencias.
Pachar reconoce que hasta ese momento no se tenía el conocimiento de cómo abordar los casos de fallecidos por la ingesta del tóxico. Recuerda que se buscó asesoramiento internacional y que se trajo al experto argentino Luis Alberto Ferrari, junto a quien diseñaron el protocolo de actuación para las necropsias, para la toma de muestras y los análisis toxicológicos; y se elaboraron los criterios científicos para clasificar los casos.
En materia de Toxicología Forense, en un cadáver, no solo se debe demostrar que el tóxico estaba presente en el organismo sino también que los niveles séricos del mismo eran letales, especialmente porque los primeros afectados padecían de múltiples patologías. Se practicaron las necropsias, se analizaron los tejidos y se enviaron los resultados al Ministerio Público. Meses después, se solicitaron exhumaciones, se analizaron los restos y los laboratoristas pudieron detectar el tóxico en algunas muestras, logro académico de los peritos panameños.
La experiencia vivida por Pachar quedó registrada en el libro Recuerdos de muertos y memorias contados por un patólogo forense, de su autoría. En uno de esos relatos, titulado Dietilenglicol y el jarabe maldito, hace un recuento de los hechos acaecidos a partir del anuncio, el 2 de octubre, de un inusitado aumento de pacientes con insuficiencia renal y afectaciones neurológicas detectadas a finales del mes de septiembre por las autoridades de salud. Cuenta que el Ministerio Público ordenó el traslado de los cuerpos de los fallecidos a la morgue judicial para practicar las necropsias médico-legales, y describe que las necropsias y estudios microscópicos identificaron daños en riñones, hígado y sistema nervioso compatibles con la exposición al dietilenglicol. No obstante, remarca que determinar la causa de muerte resultó complejo porque muchos pacientes presentaban enfermedades crónicas, además de infecciones agudas, razón por la cual no todos los decesos fueron certificados como muertes por intoxicación con DEG.
Por todo lo anterior, señala Pachar en el libro, “para el grupo de trabajo, la principal pregunta era: ¿Es posible afirmar con absoluta certeza científica que un paciente con padecimientos crónicos y complicaciones infecciosas agudas ha muerto intoxicado por dietilenglicol? ¿Cómo se podría sustentar la muerte por intoxicación debida al efecto de ese tóxico si no existían parámetros cuantitativos de referencia para definir la dosis tóxica letal del veneno?”. “En Panamá no existían precedentes documentados científicamente de este tipo de intoxicaciones, tampoco había estudios previos ni especialistas que hubieran publicado trabajos científicos sobre intoxicaciones con dietilenglicol”.
Según el relato, las investigaciones científicas iniciadas en 2006 fueron posteriormente canceladas y no se desarrollaron en Panamá estudios amplios sobre los efectos del tóxico.
Mirando en retrospectiva lo sucedido, ¿qué lecciones nos dejó como país?
La vergüenza de estar a la cabeza de países en los ha ocurrido un envenenamiento masivo por DEG. Que la verdad científica, como sucede algunas veces, no coincide con la verdad procesal, por la intervención de diferentes factores.
¿Cuánto ganó la medicina forense local de aquel episodio?
Mucho, desnudó una realidad institucional de dependencia y limitaciones y favoreció que se aprobara la Ley 50, que ha sido el fundamento del desarrollo del IMELCF.
Y mientras los procesos para indemnizar a las víctimas y sus familias avanzan, el Comité por el Derecho a la Salud y la Vida recuerda que cada año, en promedio, 20 personas afectadas por los jarabes contaminados mueren.
“No hay una política de seguimiento por parte del Estado para cada una de las víctimas a nivel nacional”, manifestó Gabriel Pascual, vocero del comité.
