La ayuda social que reciben 480 trabajadores afectados en los enfrentamientos ocurridos del 6 al 10 de julio de 2010 en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, podría aumentar y extenderse por 10 años.
Esto luego que la Asamblea Nacional aprobara en tercer debate el proyecto de ley 846, a través del cual se modifica la Ley 28 de mayo de 2015, que regula las pensiones y otra ayuda económica que recibe este grupo de trabajadores.
Esta iniciativa fue presentada el pasado 3 de agosto por el Ministerio de la Presidencia con dos objetivos. El primero es establecer un procedimiento ágil para que la ayuda a los afectados que han fallecido en los últimos años llegue de manera expedita a sus sucesores.
También se proponía prorrogar del 1 de noviembre próximo al 31 de octubre de 2025 el beneficio para quienes, previa comprobación, se determine que su salud ha sido afectada o que sufrieron un perjuicio psicosocial a causa de los hechos de violencia en Changuinola.
No obstante, durante el debate de la propuesta de ley se modificaron y agregaron varios artículos, incluso algunos de ellos no estaban en el documento presentado en aquel momento por el Ministerio de la Presidencia.
Por ejemplo, la normativa vigente establece que a los que sufrieron daños en la visión durante los enfrentamientos, el Estado les concedió una pensión vitalicia mensual de $800, y otros 400 reciben una pensión de $300.
Ahora, con el nuevo proyecto ley, la pensión vitalicia pasaría de $800 a $900 por mes y aquellos que reciben $300 cobrarían $400. Este apoyo económico será otorgado, siempre que exista una evaluación previa por una comisión médica evaluadora interinstitucional.
Además se prórroga a partir del 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2032, la vigencia del programa de apoyo económico-social para los afectados, siempre que se determine que la salud del beneficiario ha sido perjudicada o ha sufrido un perjuicio psicosocial.
Como se recordará en la propuesta inicial, el Ministerio de la Presidencia extendía el beneficio hasta 2025, es decir, por tres años más, y no contemplaba aumentos en las pensiones argumentando falta de presupuesto. Sin embargo, ahora el apoyo será por 10 años adicionales y se incluyeron modificaciones a la ayuda económica por el orden de $100.
Changuinola. Hechos reportados en el año 2010
Al menos, 500 personas de Bocas del Toro aún no superan las secuelas físicas y emocionales causadas por los enfrentamientos entre el 6 y 10 de julio de 2010. Aquella vez murieron dos jornaleros de las bananeras y 82 perdieron la vista. Las víctimas crearon el Movimiento 8 de Julio, para presentar sus reclamos a las autoridades de turno.
Los argumentos
Jacinto Quintero, vocero del Comité 8 de Julio, que representa a las víctimas de los enfrentamientos ocurridos en 2010, subrayó que actualmente, además de él, hay unos 50 con discapacidad y 21 fallecieron, entre 2010 y 2022, debido a que su estado de salud se agravó por los perdigones de plomo que mantenía dentro de su cuerpo.
En el caso de Quintero, precisó que tiene unos 170 perdigones en el cuerpo y que perdió la visión parcialmente. Lo que más le aqueja son los dolores que por momentos se apoderan de él debido a la gran cantidad de balines incrustados. Además, según la evaluación que le realizaron hace 12 años, tras ser herido, el nivel de plomo en su sangre era de 25.7 microgramos por decilitro de sangre; es decir, el diagnóstico de la Caja de Seguro Social (CSS) hacía referencia literalmente a “intoxicación crónica por plomo”.
En palabras del dirigente bocatoreño, es momento que se haga “justicia” con esta población y lo único que piden al presidente de la República, Laurentino Cortizo, es que sancione el proyecto de ley, ya que la mayor parte de la ayuda que se brinda actualmente a los trabajadores se va en medicamentos.
De hecho, recordó que muchos de sus compañeros requieren la atención de especialistas y como en los centros hospitalarios de Bocas del Toro no hay, les corresponde hacer el viaje a la ciudad de Panamá. “Es una situación muy compleja para nosotros”, acotó.
Para el grupo de víctimas se habilitó en la pasada administración (2014-2019) una clínica, la cual por motivos de la pandemia estuvo cerrada y reabrió el pasado mes de julio.
Allí atiende un médico general a los pacientes. Mario René Lozada, médico asignado a la clínica, indicó que la mayoría de las atenciones que brinda tiene que ver con dolores en la espalda y hombros, aunque también nota que padecen traumas emocionales.
El detonante
El detonante de los enfrentamientos en Changuinola fue la polémica “ley chorizo” (Ley 30 de junio de 2010), llamada así porque aunque originalmente dictaba medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, posteriormente se le agregaron artículos para reformar los códigos Penal, de Trabajo y Judicial, así como en seis leyes, incluidas la ley orgánica de la Policía, la de contrataciones públicas y la del medio ambiente.
Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, lideró una comisión que conformó el gobierno de entonces (2009-2014) para investigar lo sucedido.
A juicio de Troncoso, fue una experiencia difícil, pues aquella vez hubo una reacción de la fuerza pública “indiscriminada” y considera que a los heridos no se les ha brindado una respuesta cónsona con sus males.
“Ellos tenían un motivo para protestar y creo que el presidente debe brindar este ajuste, porque desde el punto de vida humano se lo merecen”, concluyó.
