La violencia en los barrios está penetrando en los centros de salud del distrito de San Miguelito, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar tanto del personal como de los pacientes.
Durante 2025 se han registrado diversos casos de violencia dentro y en los predios de los centros de salud, incluyendo agresiones físicas —con puños e incluso armas blancas—, pacientes que intimidan a los profesionales de salud, peleas entre usuarios, vandalismo a las infraestructuras y otros incidentes que mantienen en alerta a las autoridades de la Dirección Regional de Salud de San Miguelito.
Yaviletsy Centella Polanco, directora regional de Salud, advirtió que esta es una situación de vieja data que se ha recrudecido en las últimas semanas. “La violencia de los barrios está llegando dentro de los centros de salud”, afirmó.
“Estamos viendo cómo las peleas entre pacientes llegan hasta los centros de salud. Algunos llegan armados, con cuchillos, y se agreden entre ellos. También intimidan al personal médico”, alertó Centella, quien subrayó que esta realidad obliga a los equipos de salud a trabajar en condiciones de amenaza constante.
De los seis centros de salud-administrados por el Ministerio de Salud (Minsa)- de San Miguelito, en al menos cuatro se han reportado casos violentos. Uno de ellos está en el de Valle de Urracá, donde se registró un tiroteo entre bandas rivales durante las elecciones del Comité de Salud del sector, el pasado 7 de septiembre. A raíz de estos hechos y tras recibir amenazas, la directora del centro renunció a su cargo.
En el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza (Pan de Azúcar) se produjo recientemente una pelea entre pacientes que causó daños a la infraestructura (puertas y mobiliario). El enfrentamiento dejó un charco de sangre en el lugar; ambas personas fueron atendidas en el mismo centro que vandalizaron.
Otro caso se reporta en el Centro de Salud de Veranillo, donde la presencia de habitantes de calle que consumen drogas genera peleas en los alrededores. Pese a los llamados hechos a las autoridades locales, la situación no se resuelve y la comunidad vive preocupada porque son personas que viven en un ambiente hostil que afecta la atención de los usuarios.
Asimismo, en los predios de este centro de salud se perpetró un homicidio durante las horas en que se prestan servicios. El hecho se dio en una zapatería al lado de la instalación de salud, lo que generó temor entre los pacientes que esperaban para atenderse.
Además, en el Centro de Salud de Torrijos Carter se han recibido informes de agresiones físicas de pacientes violentos contra el personal.
A pesar que la vigilancia de la Policía Nacional se mantiene en estos centros de salud en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., la directora Regional de Salud manifiesta que los fines de semana, hay poca vigilancia, y es precisamente en estos días cuando se reportan muchos de estos incidentes.
El personal de salud también ha sido víctima de asaltos y ataques mientras realiza trabajos comunitarios. “A veces lanzan piedras a los vehículos de salud o asaltan a nuestros funcionarios cuando van a atender pacientes en casa o en operativos contra el dengue”, afirmó la directora.
Uno de los casos más delicados es la atención de pandilleros heridos o enfermos. Para evitar que sean atacados por bandas rivales dentro de las instalaciones, el personal debe acelerar la atención e incluso encerrarse en los consultorios mientras los asisten. “Los pandilleros pueden llegar armados o esposados con custodia policial. Tenemos que atenderlos rápido para no poner en riesgo al resto de los pacientes”, explicó Centella.
La situación de inseguridad también ha afectado los programas de salud. En Cerro Batea, el equipo de nebulización para control del dengue fue expulsado bajo amenazas. “Les dieron diez minutos para desalojar el área y tuvimos que suspender el operativo”, relató.
Aunque ha denunciado estos hechos en los medios de comunicación, Centella reconoció que no se han presentado denuncias formales en el Ministerio Público. “No podemos seguir trabajando bajo amenaza. Necesitamos mayor presencia policial y apoyo de las autoridades para garantizar que la atención se brinde en condiciones seguras”, enfatizó.
La coordinación con la Policía Nacional se mantiene para operativos de nebulización, inspecciones y otras acciones comunitarias; sin embargo, la directora considera que las unidades son insuficientes para cubrir todas las áreas.
La situación ‘está bajo control’
Por su parte, el jefe de la 11.ª Zona de Policía de San Miguelito, subcomisionado Walter Stanziola, señaló que, aunque han ocurrido incidentes preocupantes, la situación no está fuera de control. Destacó que los dos últimos homicidios en la zona ocurrieron el 24 de agosto y el 7 de septiembre, en áreas alejadas de los centros de salud. No obstante, confirmó que el 7 de septiembre se registraron tres detonaciones de arma de fuego cerca del Valle de Urracá, aunque no dentro del centro.
Actualmente, cuatro de los cinco centros de salud del distrito cuentan con unidades policiales permanentes en horario de atención —de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y en algunos casos hasta las 5:00 p.m.—. Estos son los de Amelia Denis de Icaza, Veranillo, Torrijos Carter y Valle de Urracá.
Sobre los pacientes detenidos que requieren atención, Stanziola explicó que existe un protocolo de seguridad: “La persona siempre es llevada con custodia policial, se refuerza la vigilancia en el centro de salud y, una vez atendida, es trasladada a hospitales de mayor capacidad”.
Buscan frenar delincuencia
En San Miguelito hay unas 35 pandillas activas y la fuerza policial en el distrito cuenta con aproximadamente 300 unidades policiales distribuidas en las diferentes áreas.
En cuanto a homicidios, en 2024 se registraron 70 casos hasta septiembre. En lo que va de 2025, la cifra asciende a 71, solo uno más que el año anterior. Sin embargo, en agosto hubo ocho homicidios menos que en el mismo mes de 2024 y, hasta el 13 de septiembre, solo se ha reportado un caso.
El tema de violencia ha sido tratado en el Concejo Municipal de San Miguelito, donde la alcaldesa, Irma Hernández, reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de mantener acciones coordinadas con los estamentos de seguridad. Hernández destacó la mesa de trabajo que sostiene con el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, así como el plan “Amanecer Seguro”, una estrategia implementada para contener la violencia en las zonas más críticas del distrito.
El objetivo es enfrentar los delitos de alto impacto que persisten en el área, como homicidios, posesión ilícita de armas de fuego, hurtos, tráfico de drogas y agresiones sexuales.
