El 11 de abril de 2022, un colombiano llamado Héctor Javier Ángel Pinzón se sentó ante un fiscal en Bogotá para responder preguntas sobre Dolphin Investment Company Inc., una sociedad creada en Panamá por Mossack Fonseca en el año 2009.
Pinzón contó que era representante de una empresa con “muy buenos ingresos” en Colombia por negocios petroleros. “En 2010, 2011 y 2012 tuvimos unos buenos ingresos a raíz de un contrato de regalías petroleras, hubo muy buenos ingresos”, dijo al fiscal. Tanto ganaron que tuvieron la necesidad -impuesta por ley- de contratar un revisor fiscal, una figura que representa al Estado ante la compañía. Hasta ahí, parecía un caso de éxito. Pero no duró mucho.
En abril 2016, la investigación global Panama Papers irrumpió la agenda del mundo con titulares, libros y películas. Con el tiempo, el impacto mediático decayó, pero los archivos de la firma Mossack Fonseca siguieron alimentando investigaciones criminales en decenas de países. Colombia no fue la excepción, y allí entró el caso de Pinzón: el revisor, de nombre Juan Carlos Agudelo Álvarez, habría acudido al bufete para evadir impuestos y, luego, desapareció. Desapareció en sentido estricto: nunca más lo encontraron.
Este artículo es parte de “NarcoFiles: el nuevo orden criminal”, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, que explora cómo innova y cómo se extiende por el mundo. El proyecto, liderado por OCCRP con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con medios de todo el mundo, incluido La Prensa. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas. Los hallazgos pueden encontrarse desde hoy en prensa.com.
“Lo llamamos insistentemente, le escribimos, le escribí a su correo electrónico, traté incluso con algunos amigos que lo conocían”, dijo Pinzón a los fiscales, sin hacer ni una pausa. “Nunca lo encontré. Nunca, nunca lo ubiqué. Nunca él puso la cara”.
La declaración es parte de la masiva filtración de la Fiscalía General de Colombia que fue compartida por OCCRP con medios de todo el mundo, incluido La Prensa. Los documentos muestran los esfuerzos de los fiscales colombianos por investigar 44 casos relacionados con exclientes del bufete Mossack Fonseca por supuestos delitos como lavado de dinero y evasión fiscal.
Son más de ocho millones de correos electrónicos, en su mayoría de los últimos tres años, en los que los fiscales discuten investigaciones en curso, incluidos casos vinculados a algunos de los 1,200 colombianos incluidos en Panama Papers.
Los casos investigados por la fiscalía, y analizados por La Prensa en Narco Files, muestran que el país del Canal es uno de los favoritos de los colombianos para evadir sus responsabilidades tributarias, y algunas cosas más. También, el papel de la firma para facilitarlo.
Lavado del narco
En el caso de colombianos en Panama Papers figuraron mayoritariamente personas con importante notoriedad en la vida empresarial, social y pública del país. Narco Files, la nueva filtración, muestra también que los fiscales siguieron la pista de famosos por otras razones.
Por ejemplo, una red de individuos y empresas anónimas conectadas con Pedro Antonio Bermúdez Suaza, conocido como “El Arquitecto”, quien transportaba cocaína para capos como Pablo Escobar y otros, como el Cartel de Sinaloa, entre México y Estados Unidos (EU). Uno de esos vuelos se estrelló en 2007 y lo arrestaron. Enseguida siguió el derrotero usual: las autoridades estadounidenses lo colocaron en una lista de sanciones administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las colombianas descubrieron que tenía cientos de millones de dólares en activos y confiscaron sus propiedades.
El asunto aparentemente estaba cerrado hasta 2016, cuando Panama Papers aportó nuevas evidencias sobre Bermúdez Suaza y sus asociados y en Colombia reabrieron una investigación. Según un informe sobre el caso elaborado por los investigadores, dos empresas anónimas creadas por Mossack Fonseca estaban vinculadas con allegados de Bermúdez Suaza.
“Uno de los principales hallazgos es la aparente relación de las empresas Inmobiliaria e Inversiones Asa y Navitrans con el caso Panama Papers, como se conoce a nivel internacional, donde de acuerdo con un artículo del diario El Tiempo del 4 de abril de 2018 se menciona ‘el modus operandi consistía en simular operaciones ficticias con sociedades en el exterior’, explicó la Dian. Ocultar fortunas, mantener el anonimato de los propietarios, en ocasiones, por su relación con el lavado de dinero y la evasión de impuestos”, señala el informe que también incluye cuadros con el detalle de las estructuras societarias aparentemente utilizadas para eso.
Los fiscales realizaron búsquedas utilizando la base de datos Offshore Leaks, que fue creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para poner a disposición del público la información de los Papeles de Panamá, y el vínculo entre ellas y las personas de interés en la causa.
A partir de allí, las autoridades pudieron ampliar vínculos e interacciones entre Bermúdez Suaza, personas de su entorno y nuevas empresas, con otros rastreos en organismos oficiales y otras bases de datos de Colombia.
Evidencia para Colombia
Históricamente, Panamá ha tenido períodos tensos con Colombia por sus reclamos para evitar la fuga de dinero de sus ciudadanos y empresas mediante el istmo. De hecho, cuando se publicó la investigación global llevaban dos años con un ambiente diplomático caldeado luego de que el gobierno de Juan Manuel Santos calificara a su vecino como paraíso fiscal.
Panama Papers, que incluyó unos 1,200 colombianos, aportó mucha evidencia para las autoridades tributarias de Colombia: abrieron decenas de investigaciones y lograron recuperar casi 90 mil millones de pesos -alrededor de $21 millones- en impuestos atrasados hasta 2017.
En un informe de 2018, la Fiscalía resumió 44 casos penales activos contra clientes y empleados de Mossack Fonseca en Colombia. De hecho, estaban investigando tantas pistas que la oficina del Fiscal General incluso elaboró un folleto para sus empleados explicando la industria extraterritorial, su papel como cómplice de actividades delictivas como el lavado de dinero y cómo investigarlas.
Los documentos muestran lo complejos que pueden ser algunos de estos casos y porqué lleva tanto tiempo investigarlos. Por ejemplo, el informe sobre Bermúdez Sauza incluye a más de 20 personas y una docena de empresas anónimas en varias jurisdicciones, lo que crea una especie de laberinto de nombres que los investigadores tienen que explorar. Al mismo tiempo, demuestra cuán valiosa ha sido la investigación global de los ‘Papeles de Panamá' y las colaboraciones periodísticas posteriores para países como Colombia, al ayudarlos a investigar actividades criminales que en el pasado les habría sido imposible investigar.
También describen cómo Mossack Fonseca asumió un papel activo en las actividades ilegales llevadas a cabo por sus clientes, a pesar de las afirmaciones de los socios de la firma que negaron cualquier tipo de incidencia en delitos cuando la investigación se hizo pública.
Los fiscales concluyeron lo siguiente en un informe sobre las actividades de la firma en Colombia: “La Fiscalía comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. No obstante, las sociedades colombianas sí pagaron las facturas falsas. Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas. Por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2.5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada”.
Es decir: Mossack Fonseca proveía el servicio completo, desde la creación de sociedades, pasando por el esquema de triangulación y las estructuras, según los fiscales.
Mossack Fonseca también figura en la investigación colombiana de la constructora brasileña Odebrecht, específicamente en una transferencia bancaria de $350 mil en 2014 de una empresa llamada Klienfeld Services Ltd. a otra llamada Punto Fa S.A. El dinero procedía de una cuenta en el Meinl Bank de Antigua, que estuvo muy vinculado al escándalo de Odebrecht.
Para el capítulo Lava Jato colombiano, esas no fueron las únicas sociedades panameñas utilizadas.
La sombra del narco en el caso de Odebrecht Colombia
Además de conflictos bilaterales, supuesto lavado de dinero y evasión fiscal, Narco Files muestra que Panamá Papers en Colombia también tuvo intriga y suspenso: aún no se sabe el paradero del revisor fiscal Agudelo Álvarez, quien conectó a la empresa con negocios petroleros con Mossack Fonseca.
Lo que sí pudieron confirmar los fiscales es que falsificaron contratos y facturas para ocultar fondos que fueron canalizados hacia la sociedad creada por el bufete panameño desaparecido en 2018.
“Existe evidencia de que el dinero nunca fue pagado a contratistas, sino a la firma Mossack Fonseca, porque Mossack Fonseca se dedicaba a la construcción de estructuras corporativas falsas que proporcionaban empresas para este tipo de maniobras y tránsito de recursos”, escribieron los investigadores en un informe del caso.
Lo que no consta es que Colombia haya buscado cooperación con Panamá para presentar cargos contra empleados de Mossack Fonseca fuera de Colombia. O para la investigación de casos, a pesar de las numerosas referencias a investigaciones de la autoridad fiscal de sobre empresas colombianas que utilizan empresas panameñas para evadir impuestos o lavar dinero.
Para Pinzón, la exposición de los archivos de Mossack Fonseca y la posterior desaparición de su asesor financiero han tenido un impacto duradero en su vida.
“Es verdad que me equivoqué al haber firmado esos documentos, y me está costando el juicio que ya se hizo y la sentencia que ya tengo”, dijo en una entrevista con los fiscales, y cerró: “Estoy dispuesto a dar mi testimonio contra quienes realmente nos aconsejaron y nos llevaron a esto”.
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