Los gobiernos de Centroamérica no siempre han utilizado los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el desarrollo de sus países o cualquiera de los objetivos nobles previstos.
Una investigación de OCCRP en alianza con medios de la región, incluido La Prensa, descubrió que un tercio del segundo mayor préstamo del banco hasta la fecha para El Salvador -$600 millones para ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia - se malgastó cuando más se necesitaba.
Vea: El Banco de los dictadores
La economía de El Salvador atravesaba dificultades cuando el BCIE lo anunció a principios de 2021. La pandemia había hecho que el PIB del país se desplomara casi un 8% el año anterior, y a muchas personas les resultaba difícil llegar a fin de mes debido a las estrictas restricciones de movilidad. En un comunicado de prensa en el que se anunciaba el préstamo en abril de 2021, el presidente del BCIE, Dante Mossi, dijo que beneficiaría a 4 millones de personas, incluidos empresarios y familias.
En julio de ese año, el BCIE entregó los $600 millones directamente al gobierno de El Salvador, que supuestamente los daría a bancos locales para que los prestaran a micro, pequeñas y medianas empresas. Pero sólo una fracción del préstamo -unos $20 millones- acabó utilizándose como había descrito Mossi.
En su lugar, los documentos presupuestarios muestran que el gobierno desvió la mayor parte del efectivo para financiar sus propias necesidades, asignando $425 millones a “obligaciones generales del Estado”. De esa cantidad, más de $200 millones se destinaron a un proyecto favorito del líder autoritario de El Salvador, Bukele: convertir bitcoin en moneda nacional.
Las cripto del dictador “más cool”
El autodenominado “dictador más cool del mundo” había anunciado su plan de convertirse en el primer país en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal en junio de 2021, unas semanas antes de que el BCIE aprobara los fondos COVID-19 para El Salvador. Bukele argumentó que el uso del bitcoin abarataría la recepción de remesas vitales desde el extranjero y ayudaría a las personas sin acceso al sistema bancario.
Sin embargo, otros no estaban tan convencidos: la agencia de calificación Moody’s citó el plan como una de las razones por las que rebajó la calificación de los bonos del gobierno salvadoreño ese año. Aunque el FMI también desaconsejó la idea y el Banco Mundial rechazó el proyecto por problemas medioambientales y de transparencia, el BCIE apoyó el plan de Bukele.
“Esta es una gran noticia para la región”, dijo Mossi en un comunicado de prensa, en junio 2021, anunciando que el banco proporcionaría “asistencia técnica” sobre cómo implementar el plan Bitcoin. La lista de contratistas del BCIE muestra que el banco pagó a una empresa informática casi $85 mil por realizar un estudio sobre la implementación.
Aunque el banco no parece haber tenido la intención de que su apoyo por el COVID-19 a El Salvador se utilizara para el plan Bitcoin, los documentos presupuestarios muestran que se utilizaron unos $200 millones para construir la arquitectura financiera necesaria, así como para dar a todos los que se inscribieron en la aplicación del gobierno $30 en criptomoneda.
“El dinero es fungible”
Mossi dijo a OCCRP que al tiempo que el BCIE había pagado por el estudio, había aconsejado a El Salvador que las reformas legales y regulatorias requeridas para hacer del bitcoin una moneda de curso legal “estaban mucho más allá de lo que el Gobierno estaba dispuesto a llevar a cabo”.
Añadió que el BCIE también había incluido había prohibido específicamente en el contrato para el préstamo de $600 millones que éste se utilizara para bitcoin. “Básicamente dice que hay un convenio en El Salvador, que ningún dinero del BCIE podría ser utilizado para financiar ninguna actividad de bitcoin. Así que no, no financiamos eso”, dijo Mossi. “Proporcionamos apoyo presupuestario para que el gobierno pueda utilizar el dinero como desee”.
Cuando se le preguntó si El Salvador había incumplido las condiciones del préstamo, se mostró de acuerdo, pero añadió: “El dinero es fungible”.
“Proporcionamos apoyo presupuestario para que el gobierno pudiera utilizar el dinero como deseara”, dijo Mossi.
El gobierno de El Salvador no respondió a una solicitud de comentarios.
El experimento bitcoin de Bukele ha sido ampliamente criticado como un costoso fracaso. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos descubrió que, el año pasado, menos de una de cada 10 personas que se registraron en la aplicación de criptomoneda del gobierno seguían utilizándola.
“Se aprobó la ley Bitcoin, pero en realidad bitcoin no existe; bitcoin no es moneda de curso legal”, dijo el economista César Villalona. “Está la ley y está la realidad. La realidad es que el país sigue dolarizado”.
Mossi coincidió y agregó: “Al final de la saga, bitcoin es menos del uno por ciento de la economía salvadoreña, así que...”.
Investigación y análisis de datos: Romina Colman (OCCRP). Investigación de Angus Peacock (OCCRP)
Traducción: Matías Godoy, para CLIP.
Vea la quinta entrega del especial: Las borrascas financieras del BCIE
