Hace dos años, la Fiscalía Anticorrupción no investigó a los ciudadanos particulares que favorecieron la prórroga automática de la concesión de Panama Ports Company (PPC), porque la Contraloría General de la República, entonces bajo el mando de Gerardo Solís, le aseguró al Ministerio Público que la empresa portuaria había cumplido con las obligaciones “básicas” pactadas en su contrato.
Aquello ocurrió el 19 de septiembre de 2022.
Ese día, el fiscal anticorrupción Jacinto Pérez Domínguez archivó una denuncia que un año antes había presentado el abogado Roberto Ruiz Díaz, para investigar la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, corrupción de servidores públicos, peculado y contra la personalidad interna del Estado.
Son los mismos hechos expuestos ahora por el contralor Anel Flores, quien reemplazó a Solís en enero pasado.
Sin embargo, parte de la denuncia presentada por Ruiz Díaz sobrevivió al carpetazo del fiscal anticorrupción: la concerniente a los funcionarios que, en ese entonces, dieron luz verde a la prórroga del contrato con PPC. Se trata de aquellos que ocupaban un cargo público y, además, eran miembros de la junta directiva o de la administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). En su denuncia, Ruiz Díaz menciona específicamente a Noriel Araúz, administrador de la AMP en aquella época.
Como Ruiz Díaz mencionó tanto a ciudadanos particulares como a funcionarios, se declaró la ruptura procesal: al primer grupo lo investigaría el fiscal Pérez, mientras que lo relacionado a los funcionarios quedó en el despacho del entonces procurador Javier Caraballo.
Y ese es el expediente que encontró Luis Carlos Gómez Rudy cuando reemplazó a Caraballo en enero pasado, razón por la cual este martes 8 de abril escribió al contralor Flores para pedir una copia de la auditoría realizada este año.
Si con Solís la Contraloría encontró que PPC cumplió con sus obligaciones “básicas”, con Flores la situación fue muy diferente: la nueva auditoría menciona que el Estado panameño ha dejado de percibir unos $300 millones por “malos cálculos contables”.
¿Qué ha hecho el procurador?
Como parte de la investigación, Gómez dirigió tres notas, el pasado 7 de febrero: a la AMP, al contralor y al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
A la AMP le solicitó el estatus de la revisión de la tarifa por contenedores y que certifique si PPC reinvirtió los dividendos de Panamá, sin autorización legal.
Al contralor, le preguntó si se estaba haciendo la nueva auditoría.
Y a MiAmbiente, le pidió copia de los estudios de impacto ambiental de Balboa y Cristóbal.
Carpetazo
Seguramente, el fiscal Pérez debió haber investigado cómo se hizo aquella auditoría de 2020, como parte de la denuncia de Ruiz Díaz. En cambio, lo que hizo fue dar credibilidad a todo su contenido. Esa auditoría sirvió de base para conceder la prórroga automática del contrato de PPC.
El fiscal solicitó a la Contraloría todo lo relacionado con PPC y, en respuesta, le informaron que la auditoría realizada el 30 de octubre de 2020 determinó que las operaciones realizadas por la portuaria fueron efectuadas en cumplimiento sustancial de las cláusulas y obligaciones básicas del Contrato Ley 5 del 16 de enero de 1997 y sus adendas, “por lo que no hay funcionarios ni particulares que relacionar”.
Esa respuesta de la Contraloría llegó el 17 de mayo y, cuatro meses después, el fiscal cerró la investigación.
“En este orden de ideas, no contamos con elementos de convicción tendientes a determinar que los funcionarios señalados infringieron los delitos contra la administración pública, en las modalidades de abuso de autoridad, usurpación de funciones, corrupción de servidores públicos, diferentes formas de peculado y contra la personalidad jurídica del Estado… Ya que los documentos recabados por esta agencia de instrucción demuestran que el procedimiento se llevó a cabo en debida forma”, remarcó el fiscal Pérez en una nota firmada el 19 de septiembre de 2022, en la cual ordenó el archivo de la querella de Ruiz Díaz.
“Los hechos denunciados no constituyen un delito, razón por la cual se desestima la presente denuncia”, agregó el fiscal en esa misma nota.
No consta que se hicieran otras diligencias, más allá de pedir información a la Contraloría, ni se investigó la conducta de la AMP.
Al respecto, la denuncia planteaba que cualquier cambio o modificación al Contrato Ley 5 de 1997 debía ser autorizado por aquellos que aprobaron el documento original: el Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional. En cambio, la prórroga automática fue concedida a través de dos resoluciones de la AMP.
Ambas resoluciones (una de la junta directiva de la AMP y otra del exadministrador Araúz) fueron objeto de una demanda de nulidad que también presentó Ruiz Díaz ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual todavía no ha dictado sentencia.
En medio de todo, el fondo de inversión BlackRock presentó una oferta para adquirir la operación de los puertos Balboa y Cristóbal.
