La contabilidad paralela de la campaña del PRD para las presidenciales de 2019 fue sistematizada con la obsesión de un contable meticuloso. Incluyó planillas de ingresos y egresos, copias de cheques y tablas internas con anotaciones a mano de pagos pendientes, sus montos, destinatarios y fechas, por miles de dólares.
En varios de esos informes hay casillas que describen lo que llaman “comisión 5%”. Este detalle está contenido en algunos de los gráficos que recogen cómo se obtenía dinero del principal ‘donador’ en el esquema de donaciones no declaradas por el presidente Laurentino Cortizo ante el Tribunal Electoral (TE): Bagatrac, o de otras sociedades vinculadas a su dueño, Alberto Jurado Rosales.
Aparecen con la firma de una persona clave en la administración de los fondos: María Cristina Valdez, que aparentemente trabajaba bajo la coordinación del hoy vicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo y habría estado al tanto de cada movimiento de la “caja 2″ de la campaña, incluidos los cobros a Bagatrac y de la sociedad Contac Global Services, Corp., controlada por entonces por el hoy vicepresidente.
Valdez de Hidalgo dio seguimiento al movimiento de dinero de Bagatrac a sociedades y personas de gente vinculada al socio y persona de confianza de Carrizo: Luis Acevedo Ureña, un abogado que conoce al vicepresidente desde los tiempos en que trabajaba en la mina Petaquilla y es un núcleo fundamental en el esquema de triangulación: figura en varias sociedades que recibieron pagos y cobró él mismo por algunos servicios.
Los registros muestran anotaciones de su puño y letra. También cuadros que describen los supuestos servicios que prestaban estas personas y sociedades afines a Acevedo Ureña, como, por ejemplo Aarón Missri, Elmo Osorio, Grúas Caribe, Alquigrúas, S.A. Constructora Osma, S.A. y Herrería Moderna. Un caso es, por ejemplo, el cobro del 18 de diciembre de 2018.
En ese informe, hay una tabla con nueve columnas: suplidor, monto y actividad a facturar, además de RUC. Hay dos columnas más que llaman la atención: “comisión 5%” y “retorno”.
Significaría que, por prestar su nombre o el de sus empresas para recibir los fondos de Bagatrac, estas personas y sociedades cobrarían una comisión de los cheques que emitía la constructora, montos que está detallados en varios de esos cuadros. Cobrada la comisión, las empresas y personas debían devolver el resto del dinero-el “retorno”-, tal como se haría en un esquema de lavado de activos, pero, en este caso, para enmascarar la identidad de la empresa donadora: Bagatrac, que emitió cheques –todos con fecha del mismo día– a todas las empresas mencionadas en esa gestión de cobro.
Con este esquema, además, se habría evitado que el dinero que se recibía de Bagatrac, a través de estas facturaciones y sociedades, se reportara en la contabilidad de donaciones reportada por la campaña de Cortizo ante el TE.
En casi ningún caso, estos cheques superaron los $10 mil. De hecho, los pagos superiores a ese monto se dividían a la mitad y eran pagados desde distintas cuentas bancarias abiertas para tal fin, con el aparente propósito de no llamar la atención de los bancos o autoridades sobre transacciones que fueran superiores a esa suma.
La contratista favorita del gobierno de Cortizo estuvo involucrada en pagos a proveedores de la campaña que ofrecían servicios como hospedaje. Pero la gran mayoría del dinero que aportó fue para el círculo cero de Acevedo Ureña, con servicios aparentemente camuflados. Tanto Acevedo Ureña como su socio, el vicepresidente Carrizo, negaron la existencia de esta contabilidad paralela para las presidenciales del PRD de 2019.
Vea: Los ‘suplidores’ de Bagatrac para la campaña paralela de Cortizo en 2019
