La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó suspender el proceso de contratación de una consultoría por $1.8 millones para la divulgación de la Ley 402 de 2023, que adoptó el Código Procesal Civil.
La suspensión fue adoptada porque uno de los proponentes se quejó por un supuesto favoritismo a una de las empresas participantes.
En la resolución de suspensión emitida este martes, la DGCP ordenó al Órgano Judicial que aplicara “medidas correctivas” en el pliego de cargos, principalmente en los requisitos relacionados con la experiencia de cada proponente.
En la licitación por mejor valor, la empresa seleccionada tendrá que “diseñar, producir e implementar una estrategia integral de comunicación y divulgación para la puesta en ejecución de la Ley 402″, del 9 de octubre de 2023.
La empresa Q, S.A. cuestionó que se le otorgaba un mayor puntaje a la empresa que presentara cinco certificaciones comerciales, incluyendo “una que acredite la realización de una estrategia de comunicación o plan de divulgación para una reforma judicial”.
Según la queja que se presentó tres días antes de la recepción de propuestas (que debía celebrarse el pasado 4 de abril), este requisito “constituye una restricción clara y explícita contra las empresas publicitarias que no hayan tenido experiencia previa en haber trabajado con reformas judiciales”.
Q advirtió que el OJ podría estar favoreciendo a un proponente que habría tenido entre sus empleados a un funcionario “a cargo de la implementación de la nueva reforma judicial”.
Adjuntos
Reclamo de Q, S.A..pdfEn el reclamo, Q advirtió que estas restricciones provocarían “menos participación de proponentes, y por ende, un mayor costo para el Estado”, preocupación que ya fue expuesta durante la reunión de homologación en febrero pasado, sin que el OJ adoptara algún correctivo.
Otro punto de controversia fue la exigencia de una cantidad específica de certificaciones de experiencia, que resultaba contradictoria en distintas secciones del pliego.
Además, aunque se solicitaba la descripción de los estudios de los profesionales que integrarían el proyecto, el documento mencionaba en varias ocasiones “estudios deseables”, lo que generaba confusión sobre los requisitos reales.
