El 24 de abril de 2025, el presidente José Raúl Mulino se refirió por primera vez públicamente al puerto de contenedores que se construye en Isla Margarita, provincia de Colón.
No ocultó su inconformidad con el contratista.
“Isla Margarita, bajo mi gobierno, no tiene la menor oportunidad tal como está estructurado. Se llamará a una nueva licitación en su momento y se tomarán las decisiones necesarias para limpiar la mesa de todos esos escollos”, prometió el presidente.
Mulino volvió a abordar el tema dos semanas después.
“La junta directiva de la AMP [Autoridad Marítima de Panamá] ya canceló esa concesión”, comunicó el 8 de mayo.
Pero el tiempo ha transcurrido y todo sigue igual.
Los cambios anunciados por el presidente no se han materializado, y la empresa contratista, llamada Panama Colon Container Port (PCCP), continúa ocupando la concesión de fondo de mar: sin fianzas vigentes, sin registrar actividad alguna y sin pagar arriendos o cánones a la AMP.
¿Cómo lo logró?
Tocando la puerta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los amparos
PCCP ha presentado cuatro amparos de garantías constitucionales en este mes.
Todos apuntan a lo mismo: impedir que la AMP cancele los contratos de concesión de fondo de mar sobre los cuales pretende construir un puerto de carga y, eventualmente, un patio de contenedores en Isla Margarita, una de las áreas más privilegiadas para la navegación y el comercio internacional, ubicada en la entrada atlántica del Canal de Panamá, junto a Colon Container Terminal (CCT) y Manzanillo International Terminal (MIT).
Los cuatro amparos fueron admitidos y repartidos entre el 2 y el 6 de junio pasado. Cada uno tiene un ponente distinto: quedaron distribuidos entre los despachos de los magistrados Ariadne García, Miriam Cheng, Ángela Russo y Olmedo Arrocha.
Uno de los amparos está dirigido contra la Resolución JD No. 028-2024, que en uno de sus artículos señala que la junta directiva de la AMP tendrá acceso a información y documentación relacionada con secretos comerciales o información confidencial obtenida por el Estado, producto de la regulación de actividades económicas, así como notas, correspondencia y documentos vinculados con negociaciones de cualquier índole, incluida información relativa a la seguridad nacional. Por todo ello, el contenido de las actas de la junta directiva es considerado de acceso restringido.
La Prensa envió un cuestionario a la AMP con el fin de ampliar la información sobre el tema de Isla Margarita. Al cierre de esta nota, la entidad no había remitido sus respuestas.
Anteriormente, la AMP se había negado a proporcionar detalles, alegando que el proceso no se ha finiquitado, precisamente por las apelaciones y reclamos de PCCP.
Lo que se sabe hasta ahora es que los contratos para la construcción del puerto y el patio de contenedores fueron rescindidos por el administrador de la AMP, Luis Roquebert, a través de las resoluciones 046-2025 del 10 de abril y 047-2025 del 11 de abril, ambas del año 2025.
La explanada
El proyecto en Isla Margarita se levanta sobre dos concesiones de fondo de mar que suman 81.51 hectáreas. De ese total, 27.38 hectáreas corresponden al puerto de carga y 54.13 al patio de contenedores. La primera concesión fue adjudicada a PCCP, mientras que la segunda está a nombre de otra sociedad —United Crown Construction Inc.— ligada al mismo grupo empresarial.
Ambos contratos fueron adjudicados el 18 de junio de 2013 y renovados el 1 de noviembre de 2022 mediante sendas adendas que extendieron la vigencia de las concesiones hasta 2047.
Para romper los contratos, el administrador de la AMP invocó la cláusula que permite al Estado dar por terminada la relación si la empresa incumple sus obligaciones. Ese incumplimiento ha sido ampliamente documentado desde la administración del presidente Laurentino Cortizo, cuando PCCP estuvo a punto de quedarse sin proyecto.
En ese momento, una auditoría de la Contraloría General de la República constató atrasos en el cronograma de ejecución del proyecto (se había ejecutado apenas el 15% de los trabajos). De hecho, se calculó que entonces la construcción llevaba tres años detenida. El 23 de junio de 2021, la junta directiva de la AMP incluso expidió una resolución en la que se ordenaba al entonces administrador Noriel Araúz poner fin al contrato. Lo que salvó a PCCP aquella vez fue que comunicó que un grupo inversionista de Bahamas, llamado Notarc Management Group, había adquirido la totalidad de sus acciones. Araúz, en lugar de romper los contratos, los renovó mediante adendas.
La situación no ha cambiado: las razones que existían en 2021 para declarar el incumplimiento de los contratos siguen vigentes cuatro años después y ahora se suman nuevos elementos. Por un lado, Landbridge Port Services (Hong Kong) Ltd. presentó una demanda en tribunales de Delaware, alegando que fue despojada del 51% de las acciones de PCCP; por otro, los antiguos socios están enfrentados en un arbitraje en Panamá.
Además, en mayo pasado, Landbridge Port presentó una demanda civil contra PCCP, United Crown Construction Inc. y los socios de Notarc, entre otros, la cual aún no ha sido admitida por el juzgado.
La Prensa intentó contactar a Juan Felipe Pitty, quien en su momento se presentó como representante legal de PCCP ante la AMP, pero no respondió los mensajes.
