El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa) ha rescindido la contratación de Edgar Iglesias Constantino como su agente residente, dado que “han surgido indicios de posible conflicto de intereses”.
La decisión, adoptada este jueves 18 de julio, fue comunicada en un tuit, dos días después de que La Prensa informara que Iglesias también es agente residente de una empresa concesionaria del aeropuerto.
“Esta decisión se toma con el fin de mantener la transparencia y la confianza”, señala el comunicado.
Grand Bell International, S.A. obtuvo la concesión para construir y subarrendar bodegas en la terminal de carga el 2 de abril de 2012, cuando Iglesias era gerente de Asesoría Legal de Aitsa.
El mismo día que se publicó la investigación periodística, La Prensa recibió una nota fechada el 12 de julio pasado, en la que Iglesias comunica su renuncia como agente residente de Grand Bell. No obstante, hasta este jueves, esa renuncia todavía no consta en el sistema de consultas electrónicas del Registro Público.
#Comunicado🚨#LaPuertasDeLasAméricas#AeropuertoDeTocumen#ConPasoFirme pic.twitter.com/OCMRrMcQKA
— Aeropuerto Internacional de Tocumen (@tocumenaero) July 18, 2024
El pasado 8 de julio, la junta directiva de Aitsa (que todavía preside el exministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro), en una “reunión de urgencia extraordinaria”, otorgó poder “general, amplio y suficiente” al nuevo gerente de la terminal, José Antonio Ruiz Blanco, quien reemplazó a Raffoul Arab.
La decisión fue apoyada por Alfaro y el resto de la junta directiva, en la que todavía figuran otros tres miembros del gabinete de Laurentino Cortizo: Rafael Sabonge e Iván Eskildsen, ex ministros de Obras Públicas y de Turismo, respectivamente, y Jorge Luis Almengor, ex viceministro de Finanzas.
En esa reunión, la junta directiva también acordó nombrar a Iglesias como agente residente de Aitsa. El pasado 10 de julio, el propio Iglesias se presentó a una notaría para protocolizar el acta de la reunión de urgencia extraordinaria de la junta directiva.
Grand Bell ha tenido una accidentada relación con Aitsa. En el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), el proyecto estuvo paralizado y sujeto a una auditoría. En 2017, el contrato fue rescindido y la parte afectada presentó un arbitraje contra el Estado panameño.
Finalmente, Grand Bell logró que el tribunal arbitral (integrado por José Javier Rivera, Sheyla de Arias y Dilio Arcia, hoy fiscal electoral) declararan ilegal la decisión de rescindir la concesión. También se ordenó a Aitsa definir un nuevo cronograma de ejecución del contrato y pagar las costas del proceso, como gastos de administración y honorarios de abogados, árbitros, peritos, etc. (en total, $836,382).
