Una filtración de la Fiscalía General de la Nación de Colombia ha expuesto las identidades de más de 100 agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos (EU) y de otras fuerzas de seguridad federales, junto con las de decenas de sus homólogos colombianos y de otros países.
Los nombres de unos 90 agentes de la DEA y de otros 15 investigadores del Homeland Security Investigations (HSI - Departamento de Seguridad Interior) fueron revelados en la filtración, que fue compartida con periodistas y que incluye una importante cantidad de correos electrónicos, así como otro tipo de información.
Pese a que la DEA en sí misma no sufrió ningún hackeo y que los periodistas participantes en el proyecto investigativo no van a publicar ni los nombres ni ningún dato que permita identificar a los agentes, la filtración demuestra una sorprendente falta de medidas de seguridad por parte de Colombia, un aliado estratégico de EU en la guerra contra los carteles de la droga.
“Esto es una de sus pesadillas porque [los carteles] (...) pueden identificar a agentes e informantes, especialmente si aún estás en el país”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA que participó en la expansión global de la agencia.
“Cada vez que personas no autorizadas tienen los nombres de un agente o un informante, no es difícil localizarlos”.
Un cartel quizás no quiera arriesgarse a las consecuencias de asesinar a un agente de la DEA, señaló Vigil, pero “para ellos los informantes son presa fácil porque se les considera traidores y los matarán para mandar un mensaje a otros que estén pensando en cooperar”.
La filtración es la base de Narco Files, un proyecto global de periodismo de investigación de OCCRP y otros 40 medios de todo el mundo.
Este artículo es parte de ‘NarcoFiles: el nuevo orden criminal’, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, que explora cómo innova y cómo se extiende por el mundo. El proyecto, liderado por OCCRP con el apoyo de CLIP, se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con medios de todo el mundo, incluido La Prensa. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas. Los hallazgos pueden encontrarse prensa.com.
En octubre de 2022, la Fiscalía de Colombia reconoció en un comunicado que había sido hackeada, pero no precisó qué información fue expuesta en el ataque virtual. La filtración supone potencialmente una mayor amenaza para Colombia ya que incluye los nombres de agentes encubiertos, testigos e información clave sobre informantes.
Una organización hacktivista que se autodenomina Guacamaya se atribuyó la autoría.
Guacamaya anunció también que había hackeado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como instituciones militares en Chile, Perú, El Salvador y Colombia, entre otros –aparentemente explotando una vulnerabilidad en el servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, que es utilizado por empresas y gobiernos de todo el mundo–.
Se confirma hackeo a la Fiscalía de Colombia por Grupo Guacamaya 5 millones de correos || T2E046 https://t.co/003U6fHe7w
— hackeado noticias (@HackeadoB) October 20, 2022
En su manifiesto, Guacamaya calificó a la Fiscalía de Colombia como “uno de los organismos más corruptos del país” y la acusó de servilismo a los intereses de EU.
Una vez que hackeó la fiscalía, Guacamaya compartió los cinco terabytes de información, que incluyen unos siete millones de correos electrónicos, con dos grupos, que luego compartieron los datos con los periodistas.
Los portavoces de la DEA y el Departamento de Justicia no respondieron a múltiples correos electrónicos solicitando comentarios.
Peticiones de asistencia de Estados Unidos
Los documentos de Narco Files incluyen decenas de solicitudes de asistencia del Departamento de Justicia de EU para realizar interceptaciones telefónicas, vigilancias, detenciones y extradiciones de sospechosos perseguidos por narcotráfico y lavado de dinero.
Al ser documentos vinculados a investigaciones que van o ya fueron usados en tribunales, muchos de ellos incluyen los nombres de los agentes que investigaron casos específicos. Además, en el caso de testigos y/o informantes, también están a menudo su número de teléfono y otras informaciones que los pueden poner en peligro.
En algunos documentos se mencionan los números de teléfono y los alias de sospechosos sobre los que la DEA solicita ayuda para rastrearlos.
Los documentos colombianos incluyen numerosos detalles personales de agentes encubiertos colombianos y sus familiares, a menudo documentando antecedentes personales.
En cambio, la política de la DEA exige que las informaciones sobre los informantes se guarden en formularios especiales que están protegidos y que solo son accesibles bajo circunstancias documentadas, señaló Vigil, el antiguo jefe de operaciones de la DEA.
“Si en algún documento se mencionaba al informante, siempre era un número”, dijo Vigil, añadiendo que nunca se compartió con el país anfitrión porque “siempre existía la posibilidad de un riesgo”.
En Narco Files, OCCRP identificó al menos a 90 miembros de la DEA, la mayoría de los cuales trabaja en o con Colombia. Algunos aparecen en casos judiciales o documentos públicos, pero muchos de ellos no tienen rastro alguno en Internet.
Tom Devine, director legal del Government Accountability Project, un grupo que representa lanzadores de alerta en casos contra el gobierno federal de EU, dijo que la identificación del personal de la DEA “representa un riesgo que pone en peligro la vida de esos agentes”.
