Luego de que la justicia liberara el apartamento de la familia Carrizo-Spiegel –valorado en casi $1.5 millones–, ubicado en el lujoso PH Marea, en Costa del Este, la Contraloría General de la República aún mantiene secuestradas tres fincas en el corregimiento de El Coco, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, pertenecientes al exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.
La medida, según la orden de secuestro oficial, obedece a “medidas precautorias para salvaguardar los intereses públicos en contra de José Gabriel Carrizo Jaén”, luego de que la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría General detectara irregularidades que apuntan hacia “el posible enriquecimiento injustificado…”, por un monto de $1.3 millones.
Las tres fincas –para un total de algo menos de 3 hectáreas– fueron adquiridas en 2009, cuando Carrizo no era vicepresidente de la República. Cada lote –a pesar de tener distintas extensiones– fue comprado en $500, para un total de $1,500, según consta en el Registro Público.
Además, los registros inscritos en esta institución revelan que las fincas no tuvieron –al menos en papel– movimiento alguno desde que fueron compradas hasta que fueron secuestradas por la Contraloría –en octubre de 2025– a causa de sus investigaciones al patrimonio de Carrizo.
Las fincas que la Contraloría mantiene secuestradas fueron compradas por $1,500 y hoy cuentan
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 5, 2026
con caballerizas, picadero y pista de lazo.
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Sin embargo, sí hubo mejoras, como puede apreciarse en las imágenes obtenidas desde un dron poco antes de que los lotes recibieran vigilancia continua de agentes de la Policía Nacional, que hacen rondas motorizadas en los alrededores del lugar desde hace algunas semanas.
En esas fincas fue construida una pista de lazo privada, que cuenta con iluminación nocturna. Los lotes de terreno también han sido divididos para el pastoreo del ganado equino, que se alimenta del forraje de la finca o del que se les lleva.
Las fincas también cuentan con un picadero –similar al que el exvicepresidente tiene en su lujosa residencia en Llano Marín, en las afueras de Penonomé– para el adiestramiento y monta de caballos.
En otras palabras, tiene dos picaderos, además de depósitos para forraje, caballerizas y hasta facilidades para el personal que labora en la finca, incluida una pequeña casa.
Las fincas tienen varios animales en sus distintas parcelas y reciben el cuidado de trabajadores que actualmente laboran en el lugar. La propiedad cuenta con un pequeño puente peatonal y ha sido intervenida para crear jardines que decoran las instalaciones e incluyen, además, corrales.
Imágenes satelitales obtenidas de Google Earth revelan que las fincas de Carrizo no tenían mejoras hasta el año 2020, pero eso cambió, ya que en 2023, las imágenes muestran las obras muy adelantas, incluso, terminadas, como la pista de lazo, los depósitos y caballerizas, el picadero y facilidades para los jornaleros.
Según varias fuentes consultadas, el mantenimiento del lugar es caro, no solo por las instalaciones construidas en su interior, sino por el entrenamiento de los equinos, sus cuidados veterinarios, el follaje que comen los animales y el continuo mantenimiento de los jardines, parcelas, el pasto y las instalaciones.
La Prensa envió a Carrizo un cuestionario para obtener su versión sobre las inversiones realizadas en estos terrenos y el estatus legal de estas fincas, pero no respondió.
El 22 de octubre de 2025, la Contraloría ordenó el secuestro de propiedades, cuentas bancarias y vehículos de José G. Carrizo, por una concurrencia de hasta $1.3 millones, en medio de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento.
Carrizo fue aprehendido el 27 de enero de 2026, en el aeropuerto de Tocumen, cuando llegó en un vuelo procedente de Guatemala.
El 28 de enero de 2026, la juez de garantías Oris Medina le imputó lo cargos de presunto enriquecimiento injustificado y ordenó su detención domiciliaria.
El 13 de octubre será la audiencia de acusación.
La orden de secuestro de la Contraloría contra bienes a nombre del exvicepresidente también incluye, además de estas fincas, ocho cuentas bancarias ubicadas en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival.
La resolución de la Contraloría que ordena el secuestro de los bienes del exvicepresidente ha sido demanda por la defensa de Carrizo mediante un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. La ponente de este recurso –el cual aún no tiene sentencia– es la magistrada María Eugenia López Arias.
El próximo 13 de octubre será la audiencia de acusación del exvicepresidente -actualmente en detención domiciliaria-.
La Fiscalía Anticorrupción ha dicho que, de resultar responsable por los delitos atribuidos -enriquecimiento injustificado-, la condena podría alcanzar hasta 24 años de prisión.
