El Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida recordó esta semana los ocho años del envenenamiento masivo por el consumo de fármacos de la Caja de Seguro Social (CSS) en medio de quejas por el poco apoyo que reciben los sobrevivientes y familiares.
Una experiencia que viven Hidelgard Peregrina y los esposos Milka y Onésimo Villarreal, de 58 y 55 años de edad, respectivamente afectados por el consumo de medicinas del Seguro Social contaminadas con dietilene glycol.
Los tres invierten –de su propia cuenta– 350 dólares mensuales, en promedio, para comprar las medicinas que los ayudan a sobrellevar los estragos que el químico industrial provoca en sus organismos.
A la desdicha de tener que gastar en enfermedades que no pidieron, ellos dijeron estar frustrados por el desinterés de los miembros de la Comisión de Seguimiento para la Atención de las Víctimas de la Intoxicación Masiva con Dietilene Glycol y sus familiares, quienes a pesar de sus dolencias no los reconocen como víctimas de la intoxicación masiva de 2006.
La Ley No. 20 de 26 de marzo de 2013 establece que para ser declarado como víctima del dietilene glycol el afectado debe cumplir dos de cinco criterios.
Estos criterios son: Vínculo con el fármaco (envase y receta); sintomatología (cuadrícula y síntomas); padecer insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica (no vinculantes con otras enfermedades), daños neurológicos en el sistema nervioso central, periférico o autónomo.
LOS TESTIMONIOS
Peregrina llegó al hospital Susana Jones, en Villa Lucre, distrito de San Miguelito, con un dolor en la espalda, donde luego de varias radiografías el médico determinó que tenía una congestión en los pulmones.
Como padecía de diabetes el médico le recetó expectorante sin azúcar, uno de los medicamentos que producía la CSS y que a la postre resultó que estaba contaminado con dietilene glycol.
Recuerda que consumió aproximadamente un cuarto del jarabe, porque a los dos días presentó convulsiones.
Posteriormente empezó a perder el equilibro. Al poco tiempo se percata que sus padecimientos son similares a los que se mencionan en los medios de comunicación que producen los jarabes envenenados.
En ese momento, Peregrina, de 46 años, ama de casa a quien mantenía su esposo, decidió presentarse con el envase del jarabe y las pruebas de laboratorio que se practicó en un laboratorio privado al Ministerio Público, donde entregó los documentos y los frascos.
Mientras esperaba por el resultado de la investigación bajó 40 libras; también tenía la hemoglobina muy baja.
Había pasado dos años sin recibir respuesta, cuando al malestar que ya presentaba le viene una recaída que la llevó a perder dos libras diarias de peso. Acude al médico y descubren que tiene Helicobacter pylori (una bacteria que infecta el epitelio gástrico humano), reflujo, gastritis erosiva y hernia hiatal.
La habían atendido cuatro especialistas, pero ignoraba que había dado positivo al consumo de medicina contaminadas de la CSS.
En 2010, cuenta que regresa al Ministerio Público para conocer cómo avanzaba su caso, allí le entregan un oficio de criminalística que confirmaba su sospecha.
Sin embargo, no sería el único golpe que recibiría porque en 2012 le diagnostican cáncer de endometrio, lo que la obliga a invertir en dos operaciones en un hospital privado porque en la CSS no recibía respuesta.
Entre las dos operaciones la asegurada gastó 17 mil dólares, perdió su carro y sufrió el embargo de varios de sus bienes “porque como la enfermedad es primero, se dejaba de cumplir con los compromisos no por deseo, sino por necesidad”.
Actualmente Hidelgard trabaja para pagar algunos de los costos de las medicinas que demandan sus enfermedades. Diariamente gasta 11 dólares en pastillas para la gastritis y presión alta, entre otros fármacos que la ayudan a mantenerse estable.
El principal sinsabor de esta mujer es que a pesar de que se comprobó que consumió las medicinas contaminadas con dietilene glycol se negaron a reconocerla como víctima y, al igual que decenas de panameños con estos mismos problemas, se quedó sola con sus padecimientos.
Al respecto, el presidente del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, Gabriel Pascual, dijo que como ella existen 450 personas que no se le otorgaron la pensión vitalicia, a pesar de tener secuelas del consumo de los jarabes envenenados.
Otros 700 expedientes están en espera de revisión y solo 280 víctimas o familiares de las víctimas recibieron la pensión desde que entró en vigencia la ley.
DOBLE TRAGEDIA
Los esposos Villarreal son otros que claman por justicia, a pesar de que a diferencia de Hidelgard no cuentan con ninguna prueba que los una al consumo de estas medicinas porque entregaron los frascos a las autoridades de salud y ahora no aparecen.
Milka, una extrabajadora de la CSS, recordó que asistió a buscar asistencia médica porque tenía una crisis de asma que los médicos trataron con el expectorante sin azúcar.
Luego de consumir la medicina, al asma se le unieron padecimientos como diabetes, hipertensión, osteoporosis y actualmente presenta problemas con los riñones.
Como pasaba más tiempo en el hospital que en su trabajo renunció; luego se enteraría de que los males que la llevaron a dejar su trabajo se los produjo la misma entidad para la que había laborado.
Mientras Onésimo se enfermó por consumir las medicinas que le habían recetado a su esposa Milka. Hoy, al igual que ella, padece de osteoporosis en la columna vertebral y no puede trabajar.
Además está enfermo de diabetes, los riñones los tiene afectados y se hincha, relató.
Como ninguno de los dos trabaja son sus cuatro hijos quienes se encargaron de suplir sus necesidades, que van desde el pasaje para viajar desde Torrijos Carter, en el distrito de San Miguelito, hasta el Centro Especializado de Toxicología en Calidonia, distrito de Panamá, hasta el pago del alquiler de la vivienda que ocupan, porque tuvieron que dejar su casa en David, Chiriquí, para estar cerca del centro de tratamiento.
Milka contó que en alquiler pagan 150 dólares por mes, mientras que en medicina pueden estar gastando un poco más de 350 dólares en el mismo periodo.
Los muchachos Villarreal también cubren los gastos de alimentación de sus padres, así como el pago de agua y luz, entre otros, porque tampoco son reconocidos por la Comisión de Seguimiento para la Atención de las Víctimas de la Intoxicación Masiva con Dietilene Glycol y de sus familiares.
MEDICINA LEGAL
El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Humberto Mas, aseguró que el organismo que dirige hace todo el trabajo que se necesita para certificar a las víctimas de los medicamentos.
Sin embargo, no es un trabajo que hacen solo, sino que dependen de los oficios que les mande la fiscalía encargada de la investigación, que los hospitales donde se atendieron las víctimas les remitan los expedientes, y que el Centro de Toxicología de la CSS les practique los exámenes a las presuntas víctimas del dietilene glycol.
En este proceso, indicó el forense, se han encontrado con casos en los cuales no existen los expedientes, o en otras ocasiones, la historia de atención es muy vaga.
Además de que se trata de un proceso engorroso, porque cuando un presunto afectado sale negativo apelan y vuelve a empezar el proceso de evaluación.